PMI Argentina donó más de 100 computadoras para fortalecer la lucha contra el contrabando en la Triple Frontera

En el marco de una alianza de cooperación con el Ministerio de Seguridad de Nación, PMI Argentina donó más de 100 computadoras para fortalecer el equipamiento tecnológico de Gendarmería en la lucha contra el contrabando, el crimen organizado y el terrorismo en las fronteras, que se desarrolla a través de los planes Güemes, Paraná y Guaçurarí.

La primera entrega estuvo asignada específicamente al plan Güemes, cuyo objetivo es reforzar el control territorial en la frontera norte de Argentina. En el acto realizado en la Guarnición Salta de la Jefatura de Región IX de la Gendarmería Nacional Argentina estuvieron presentes la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el Comandante General de la Gendarmería Nacional Argentina,  Comandante Mayor Marcelo Adrián De La Cruz y el ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, Gaspar Sola Usandivaras.

“Estas contribuciones se enmarcan en una política sostenida por parte de PMI Argentina de respaldar desde el sector privado al desarrollo y mejoramiento de las capacidades de los organismos públicos encargados de la aplicación de la ley. La cooperación público – privada es clave para el desarrollo sustentable y el crecimiento local”, sostuvo Juan José Benitez, Gerente de Prevención del Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina.

La compañía ya había respaldado previamente a la GNA mediante la construcción del edificio que hoy alberga al Centro de Análisis de Inteligencia Criminal ubicado en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Tanto allí, en la triple frontera, como ahora con estas contribuciones al Plan Guemes, PMI Argentina sigue respaldando a las fuerzas de seguridad en los lugares clave para la lucha contra el comercio ilegal, el lavado de activos, el crimen organizado y el terrorismo.

El NOA, donde tiene lugar el plan Güemes, es un sector clave para la lucha contra el contrabando, ya que allí el 36% del mercado de cigarrillos es ilegal, lo que genera un daño profundo a la economía local, al desarrollo sostenible y la inversión privada.

Esta situación afecta particularmente a la provincia de Salta, históricamente líder en la producción tabacalera del país, que ve gravemente afectada así a su economía local. Asimismo, el ingreso de cigarrillos de contrabando reduce notablemente los recursos del Fondo Especial de Tabaco (FET), que se destinan directamente a los productores locales.