Reforma laboral: la CGT recusó a los jueces de la Cámara del Trabajo
Conflicto por la reforma laboral: la CGT recusó a los jueces que reactivaron la ley y solicitó la nulidad del fallo.
La CGT recusó a los dos camaristas que restablecieron la vigencia de la refora laboral y pidió la nulidad de ese fallo.
La Confederación General del Trabajo presentó este lunes una recusación formal contra dos integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El planteo se dirige hacia los magistrados que revocaron la medida cautelar que mantenía suspendidos 82 artículos de la reforma laboral.
Además de exigir el apartamiento de los jueces, la central obrera solicitó la nulidad absoluta del fallo que permitió la vigencia de la normativa. La presentación legal sostiene que existió un prejuzgamiento sobre la materia de fondo del conflicto.
La medida alcanza a los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González. Según la representación gremial, ambos adelantaron opinión al asegurar que la normativa no afecta a sectores vulnerables ni compromete la vida digna de los trabajadores.
En el escrito presentado ante la justicia, se cuestiona la competencia de la Sala para dictar dicha resolución. El texto califica el accionar como una afectación directa a la división de poderes y a la credibilidad del Estado de Derecho.
La recusación contra el magistrado Pesino incluye una mención por un presunto beneficio otorgado por el Estado Nacional. Se hace referencia a un pedido ante el Consejo de la Magistratura para que el juez continúe en funciones más allá de los 75 años.
Para la CGT, esta situación constituye una causa objetiva de apartamiento. Consideran que existe una falta de ética que invalida la imparcialidad necesaria para resolver sobre una ley que impacta en los derechos de los ciudadanos.
La central obrera manifestó su rechazo a las apreciaciones judiciales sobre la vulnerabilidad social. Aseguraron que los derechos laborales poseen naturaleza alimentaria y que su afectación impacta directamente en la estabilidad del sector trabajador.
La ofensiva legal busca restablecer la cautelar que protegía los convenios colectivos y las condiciones de contratación. Mientras se resuelve este pedido, la normativa mantiene su vigencia operativa tras el fallo de la Cámara de Apelaciones.

