Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
La Cámara Federal de Casación admitió el recurso de la defensa y ordenó dictar un nuevo fallo tras detectar irregularidades procesales, debido a que la fiscalía y los abogados del exmandatario habían coincidido en que no había pruebas suficientes.
La Cámara Federal de Casación decidió anular, por mayoría, la resolución de un tribunal de apelaciones que había ratificado el procesamiento de Alberto Fernández. El máximo tribunal penal del país dispuso que se emita un nuevo pronunciamiento en el marco del expediente que investiga presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Coincidencia entre la fiscalía y la defensa
La medida fue impulsada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes hicieron lugar al reclamo de la defensa. La decisión se fundamentó en que el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Aguero Iturbe, había postulado durante una audiencia previa que debía dictarse la falta de mérito.
El representante del Ministerio Público Fiscal había considerado que era necesario profundizar la investigación con nuevas medidas, tales como las declaraciones testimoniales que ya fueron ordenadas. Al existir este acuerdo entre las partes, el voto mayoritario concluyó que la confirmación del procesamiento, que incluía un embargo por $ 14.634.220.283,68, afectó el principio acusatorio y el debido proceso.
El magistrado Borinsky señaló en su voto que no existía controversia entre la defensa de Alberto Fernández y la fiscalía respecto a la situación procesal del imputado. Por este motivo, se consideró que la Cámara Federal se alejó injustificadamente de la postura solicitada de forma unánime en esa instancia.
La postura en disidencia
Por el contrario, el juez Gustavo Hornos votó en disidencia y propuso declarar inadmisible el recurso para mantener firme el procesamiento. Su argumento se basó en que el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, se manifestó a favor de rechazar el planteo de la defensa, priorizando la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y la relevancia de investigar hechos de corrupción estatal.
Según Hornos, la resolución previa estaba debidamente fundamentada y se basaba en la existencia de un posible esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros públicos. Para este magistrado, los elementos recolectados hasta el momento justificaban la etapa procesal actual.

El eje de la investigación
En este proceso judicial se analizan supuestas irregularidades derivadas del Decreto 823/2021, el cual estableció que las operaciones de seguros de organismos estatales debían centralizarse en Nación Seguros S.A. La hipótesis de la justicia sostiene que este mecanismo facilitó la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones por encima de los valores de mercado, lo que habría generado un perjuicio al patrimonio del Estado.
En la causa, que actualmente subroga el juez Ariel Lijo junto al fiscal Carlos Rívolo, ya se encuentran procesados exfuncionarios, brokers y personas cercanas al entorno de Alberto Fernández, como Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero. Mientras tanto, los investigadores avanzan con la recepción de nuevos testimonios solicitados por los abogados del expresidente para esclarecer su responsabilidad en los hechos.
Con información de Infobae.

