Emergencia en Discapacidad: denuncian que un hogar para chicos con parálisis cerebral está al borde del cierre

“Tenemos unas deudas enormes y mucha moratoria con ARCA”, explicaron desde la organización y aseguraron que corren riesgo de ejecución debido a que el propio Estado no les paga, pero al mismo tiempo los obliga a cumplir con la moratoria.

La Asociación Mutual Promover, es un pilar fundamental en la atención de la discapacidad severa en la Ciudad de Buenos Aires. Funciona desde hace más de 30 años en una casa alquilada ubicada en Boyacá 48 en el barrio de Flores y en ella, trabajan 40 profesionales, sin percibir haberes, y voluntarios 24 horas los siete días de la semana.

En el hogar hay 20 jóvenes con parálisis cerebral, todos judicializados y sin familia, por lo que Promover es su único techo y sustento vital. También tienen 69 pacientes externos, en su mayoría niños y adolescentes que asisten diariamente para recibir terapias de kinesiología, psicología y terapia ocupacional, además de su alimentación.

Actualmente, además, la falta de fondos interrumpió el transporte especializado, por lo que muchos chicos no pueden llegar a sus terapias y es imposible comprar insumos médicos elementales y medicamentos.

Conflicto por la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N.º 27.793) fue sancionada por el Congreso como respuesta a recortes presupuestarios y demoras en los pagos del sistema de prestaciones. Su aprobación atravesó un proceso político complejo, que incluyó un veto presidencial y una posterior insistencia legislativa. Finalmente, la norma fue reglamentada a comienzos de 2026 bajo presión judicial.

No obstante, la implementación de la ley se desarrolla en un contexto de conflicto e incertidumbre. Prestadores del sistema reclaman el cumplimiento de los fondos previstos, mientras que el Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para suspender la norma, al considerar que afecta las metas de equilibrio fiscal. En paralelo, el oficialismo impulsa en el Congreso un nuevo proyecto que propone reemplazar la emergencia por un esquema de reempadronamiento obligatorio y mayores controles sobre las pensiones por invalidez laboral.

El objetivo principal de la ley es garantizar el financiamiento del sector. En ese marco, establece que ninguna pensión puede ser inferior al 70% de la jubilación mínima y dispone que las obras sociales y el Estado cubran el 100% de los tratamientos médicos y de rehabilitación. Además, incorpora una actualización automática de aranceles según el índice de inflación (IPC), con el fin de evitar el deterioro de los servicios por desfasajes económicos.