La Comisión Bicameral cuestionó la falta de documentación en la auditoría del Fondo de Reparación Histórica y solicita nueva revisión financiera

Integrantes de la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas analizaron el informe final de auditoría sobre la ejecución de obras del Fondo de Reparación Histórica entre 2012 y 2019. Los legisladores cuestionaron la abstención de opinión emitida por el organismo de control que, a su vez, se apoyó en la falta de documentación por parte de tres de las cinco unidades ejecutoras auditadas. En ese sentido,  la Comisión procedió a la firma de un acta solicitando formalmente el envío de la auditoría financiera que lleva adelante la auditora Elsa Pereyra Maidana.

El análisis técnico del Informe definitivo referido a la auditoría financiera de ejecución de obras del Fondo de Reparación Histórica (Ley 7691), fue el eje central de la reunión desarrollada este miércoles por la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas. Durante la jornada, se examinó el estado real de ejecución de los proyectos de infraestructura oportunamente proyectados para los departamentos del norte provincial.

Participaron los legisladores Patricia Hucena, Juan Cruz Curá, Diego Cari, Eduardo Virgili y Luis Albeza. Por parte del organismo de control, asistió el auditor Marcos Segura Alzogaray junto a su equipo técnico.

El trabajo de fiscalización, que abarcó el periodo 2012-2019, inició sus procesos administrativos en 2020 y las tareas de campo en 2021, culminando con la presentación del informe final en 2025. El estudio se realizó bajo un enfoque global para identificar la trazabilidad de los fondos, discriminando aquellas obras ejecutadas en su totalidad con el FRH, las que contaron con financiamiento parcial y aquellas que fueron terminadas con otras partidas.

Segura detalló que el equipo de más de 15 profesionales, que contaba con contadores, arquitectos e ingenieros, auditó cinco unidades ejecutoras: la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Asuntos Municipales (actual Secretaría del Interior), Co.S.A.y.Sa., la Dirección de Vialidad de Salta y el Poder Judicial, obteniendo estos dos últimos una opinión favorable.

Sobre un total de 176 obras previstas originalmente, se tomó una muestra de 80 que, a su criterio, representan el 87% del monto total del préstamo, aplicando criterios de selección cuantitativos y cualitativos en cada municipio afectado.

Sin embargo, el informe técnico derivó en una abstención de opinión debido a una limitación significativa en el acceso a la información. Según explicó el auditor, la falta de documentación referida entre otras cosas a redeterminación de precios y otros aspectos atinentes al avance de cada obra impidieron validar la razonabilidad de los gastos en tres de las unidades ejecutoras. Segura aclaró que, ante la inexistencia de documentación de respaldo, la normativa técnica obliga al auditor a la abstención. Asimismo, indicó que la Unidad Coordinadora del FRH, creada en 2012, no fue objeto de auditoría por haber carecido de presupuesto propio y por encontrarse disuelta de hecho al momento de iniciar el proceso de control.

Foco en la abstención

Por su parte, los legisladores manifestaron su disconformidad con el criterio de abstención adoptado. Se cuestionó que este resultado técnico posterga la definición sobre la aprobación o rechazo de las Cuentas Generales de los ejercicios de los años 2018 y 2019.

Al respecto, el senador Curá cuestionó si la información faltante no debió ser requerida también a la Unidad Coordinadora y consultó por qué no se recurrió a la vía judicial ante la falta de documentación en lugar de optar por la abstención. Enfatizó la gravedad de que existan obras financiadas y no ejecutadas, mencionando casos como el de la planta de líquidos cloacales en Orán.

Ante la consulta de los legisladores sobre la falta de documentación y la decisión de no emitir opinión, Segura confirmó la existencia de una causa penal en curso para determinar responsabilidades, aunque aclaró que no fue iniciada por el organismo.

Asimismo, los legisladores trasladaron sus observaciones sobre puntos críticos del informe y plantearon coincidencias con las disidencias planteadas por la propia presidencia de la Auditoría, que señalan la falta de una visión integral que verifique el cumplimiento del plan de obras y advierten una posible “pasividad” derivada de la falta de opinión técnica.

Por su parte, Segura sostuvo que, aunque respetan la valoración de la presidencia del organismo, discrepan con la misma por entender que el informe sí contempló factores como el contexto inflacionario, el plan integral y las redeterminaciones, dentro de las limitaciones técnicas informadas.

Ya en el tramo final de la jornada, la Comisión procedió a la firma de un acta solicitando formalmente el envío de la auditoría financiera que lleva adelante la auditora Elsa Pereyra Maidana. Este nuevo proceso de control se centra específicamente en la operatoria del crédito del FRH, financiamiento y colocación de fondos, a diferencia del informe analizado este miércoles que se limitó estrictamente a la ejecución de obras, aclararon.