Cómo el caso Adorni expone la fragilidad del mandato moral de Milei
El caso Manuel Adorni ha dejado de ser, para el gobierno de Javier Milei, un simple expediente administrativo o una duda patrimonial marginal. Se ha convertido, en tiempo récord, en el primer gran termómetro ético de una administración que llegó al poder prometiendo arrasar con los privilegios de la casta. Lo que está en juego no es únicamente la evolución patrimonial del Jefe de Gabinete, ni la procedencia de los 200.000 dólares que, según su defensa técnica, le fueron prestados por particulares para adquirir una propiedad en el barrio de Caballito. Tampoco se reduce a la incómoda presencia del contratista Matías Tabar, quien realizó remodelaciones en esa misma vivienda mientras la Oficina Anticorrupción analiza la falta de coincidencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su reciente crecimiento patrimonial. Cada uno de esos elementos, considerados de manera aislada, podría disolverse en la niebla de las explicaciones técnicas o en los pliegues de una investigación judicial aún inconclusa. Pero ensamblados, y sobre todo observados bajo la lupa del contexto social y político, dibujan el contorno de una fractura mucho más profunda: la del contrato de liderazgo que el oficialismo firmó con la ciudadanía. La resolución judicial, llegado el momento, será clave. Un sobreseimiento firme, acompañado de pruebas irrefutables, podría permitir al gobierno recomponer el relato y presentar el episodio como una operación de fango de la casta derrotada. Una condena o incluso una elevación a juicio oral serían devastadoras, pero quizás no tanto como el actual estado de indefinición. Porque lo peor que le puede pasar a un gobierno que construyó su legitimidad en la exigencia de transparencia ajena es quedar atrapado en una zona gris donde ni se prueba la culpa ni se demuestra la inocencia. Esa nebulosa destruye la principal ventaja competitiva del mileísmo: la certeza moral. Más importante que lo que diga un juez, en el corto plazo, es lo que sucede en el terreno de las percepciones ciudadanas. Mientras persista la incertidumbre sobre el origen de esos fondos —y la Oficina Anticorrupción no haya cerrado el expediente ni Adorni haya presentado una explicación documentalmente inobjetable—, el gobierno enfrentará el riesgo más temido por cualquier administración que se pretenda transformadora: que la ciudadanía perciba, con amargura y desencanto, que la casta no era una categoría ajena, una alteridad condenable en el otro, sino una condición humana que también habita en sus propias filas. El pararrayos puede proteger el techo de una casa por un tiempo, pero si la tormenta se prolonga, si los rayos no cesan, lo que termina en ruinas no es solo el pararrayos, sino la confianza en que esa casa fue construida sobre cimientos diferentes. El caso Adorni, en definitiva, no es todavía una condena judicial, pero ya es un juicio político y moral. Y en ese juicio, el gobierno de Javier Milei está llamado a probar si sus promesas de cambio y austeridad eran solo una campaña brillante, un artefacto retórico para llegar al poder, o una verdadera refundación de la política argentina. Hasta ahora, las pruebas no lo favorecen. El contrato social está en vilo, y cada día que pasa sin respuestas claras, la confianza de los argentinos se escurre como agua entre los dedos. Porque al final, lo que la gente no perdona no es tanto el error o incluso la corrupción: lo que no perdona es la hipocresía de haber predicado una cosa y practicado la otra. Y ese es, precisamente, el terreno más peligroso en el que el gobierno de Milei ha decidido, por acción u omisión, instalarse. Temas relacionados
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