“Más del 80% de los trabajadores sociales y nutricionistas está endeudado”: fuerte reclamo contra la Ley 8.444

La tensión entre profesionales de Trabajo Social y Nutrición y el Poder Legislativo provincial volvió a escalar en las últimas horas. El colectivo de autoconvocados que cuestiona la Ley Provincial 8.444/24, que creó la Caja de Previsión Social para ambas profesiones, reclama una modificación urgente de la normativa y denuncia que su implementación profundizó la precarización laboral, generó endeudamiento masivo y llevó a cientos de matriculados a la morosidad.

En diálogo con El Tribuno, María Eugenia Vargas, licenciada en Trabajo Social y referente del grupo de autoconvocados, explicó que el pasado 13 de mayo participaron de una reunión en la Comisión Legislativa General del Senado, donde expusieron un informe actuarial y técnico cuestionando la sustentabilidad de la ley.

“Pudimos exponer la situación de precarización laboral y también presentamos un informe actuarial de la ley, en relación a la Ley 8.444, donde hay aspectos técnicos que establecen por qué esta ley no puede continuar vigente. Tiene que ver con la demografía, la falta de sustentabilidad y las proyecciones financieras. Son reclamos que venimos haciendo porque esta ley no nos beneficia”, sostuvo.

Actualmente, según detalló Vargas, alrededor de 550 profesionales de Trabajo Social y Nutrición se ven afectados directamente por el funcionamiento de la caja previsional. El principal reclamo apunta a que el Senado avance con el tratamiento de un proyecto de modificación impulsado por el senador Cornejo.

“Solicitamos que ya ingrese a votación esa modificación. Desde el 13 de mayo hasta ahora no nos notificaron ni nos informaron cómo va a continuar el procedimiento. Observamos un silencio y una indiferencia por parte del Poder Legislativo”, afirmó.

La trabajadora social advirtió que la demora en el tratamiento legislativo agrava la situación económica de los profesionales. “Cada mes que pasa significa un aumento de la deuda. Muchos profesionales rondan los dos millones de pesos de deuda, dependiendo de la edad y de los módulos que les corresponde abonar”, indicó.

La propia Vargas aseguró encontrarse en una situación límite. “Yo particularmente tengo una deuda de dos millones de pesos. Seguramente hay profesionales que deben aún más porque depende de los aportes y de los módulos”, explicó.

Sin embargo, remarcó que el problema excede el monto económico y se vincula directamente con las condiciones laborales del sector. “Hoy esta ley llevó a que muchos profesionales pidan la baja y entren en morosidad tanto en los colegios profesionales como en la caja”, afirmó.

Según los datos aportados por los autoconvocados, la Caja de Previsión Social cuenta con aproximadamente 1.200 afiliados, pero solo 267 estarían al día con sus aportes. “Eso significa que más del 80% está en morosidad”, advirtió Vargas.

Desde el colectivo sostienen que la obligatoriedad de los aportes resulta incompatible con la realidad laboral de ambas profesiones. “Muchos profesionales hoy hacen pluriempleo. No solamente ejercen la profesión, sino también otras actividades para poder sostenerse económicamente”, señaló.

El origen de la ley y las críticas al proceso

Vargas también cuestionó el origen de la normativa y el modo en que se gestó el proyecto previsional. Según explicó, la iniciativa comenzó a elaborarse luego de la pandemia por un grupo reducido de profesionales.

“Esta ley surge después de la pandemia, cuando un grupo minoritario de profesionales de Trabajo Social y Nutrición lleva adelante este anteproyecto. Se logró aprobar con apenas 70 personas, cuando hoy somos más de 500 profesionales los que estamos en contra”, sostuvo.

Uno de los puntos más cuestionados por los autoconvocados es la supuesta falta de información previa sobre el contenido y alcance de la normativa.

“Hubo información sesgada por parte de los colegios profesionales. Nosotros recién tomamos conocimiento real de la situación en febrero de 2025, cuando la ley ya estaba vigente”, afirmó.

Desde entonces, el grupo asegura haber iniciado un largo recorrido institucional para intentar modificar la normativa. Según relató Vargas, presentaron notas formales ante los colegios profesionales y la caja previsional, mantuvieron reuniones con legisladores y participaron de distintas instancias de diálogo político.

“Tuvimos reuniones en septiembre con la diputada Villamayor, en diciembre instancias de mediación sin acuerdo, en febrero nos recibió el vicegobernador y luego la Comisión Legislativa de Diputados presidida por la diputada Villamayor. Desde hace un año y dos meses venimos peregrinando en busca de respuestas”, expresó.

La referente destacó que recién en abril ingresó formalmente un proyecto de modificación elaborado por el senador Cornejo. La iniciativa propone transformar el sistema actual en un esquema optativo y voluntario, con cajas individuales y aportes adaptados a la situación laboral de cada profesional. “Eso es lo que nosotros estamos pidiendo que se vote. Pero seguimos viendo indiferencia legislativa y eso también genera violencia institucional hacia nosotros”, manifestó.

Convocatoria frente a la Legislatura y mesa de debate

En el marco del reclamo, los autoconvocados realizarán nuevas actividades públicas para exigir el tratamiento del proyecto.

El jueves se presentarán frente a la Legislatura provincial desde las 14 horas para reclamar que avance la votación de la modificación de la ley.

Además, el sábado 30 de mayo se desarrollará un plenario y mesa de debate junto a legisladores provinciales en el Salón del Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23 de la ciudad de Salta, entre las 10:30 y las 12.

Según informaron desde la organización, participarán el senador Enrique Cornejo de General Guemes, el diputado Rodrigo García de Metán, autoridades del Colegio de Nutrición y profesionales afectados por la normativa. También fueron invitados distintos legisladores provinciales.

Durante la jornada se analizarán el funcionamiento, los alcances y el impacto de la Ley 8.444/24, además de generar un espacio de intercambio entre profesionales, legisladores y actores involucrados. “Necesitamos que conozcan la realidad de los profesionales y por qué nos urge una respuesta. No podemos seguir dilatando el tema porque a mayor dilación, mayor endeudamiento y precarización”, finalizó Vargas.

Desde el colectivo de autoconvocados remarcaron que el objetivo del encuentro es promover un diálogo democrático que permita construir consensos y avanzar hacia una solución que contemple las necesidades reales de los profesionales de Trabajo Social y Nutrición en Salta.