Fallo histórico en Córdoba: la Justicia vinculó la muerte de una joven con la vacuna Sputnik V

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó un fallo considerado histórico al establecer la existencia de un nexo causal entre la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 y la muerte de una joven de 24 años ocurrida en 2021.

La resolución judicial determinó que el Estado nacional deberá indemnizar a la familia de la víctima con 95 millones de pesos, al considerar acreditado que el cuadro clínico que derivó en el fallecimiento estuvo directamente vinculado a la vacunación.

El caso corresponde a Melín Sartori, quien recibió la primera dosis de la vacuna en julio de 2021. Días después comenzó a presentar síntomas como cefalea y vómitos, lo que motivó su internación de urgencia.

Posteriormente, la joven desarrolló una trombosis con trombocitopenia, una complicación grave que provocó un deterioro neurológico irreversible y finalmente su muerte.

La causa fue impulsada por su madre, María Virginia Ruiz, quien inició el reclamo judicial pocos meses después del fallecimiento. Según explicó su abogado, el objetivo no solo era la reparación económica, sino también lograr el reconocimiento del caso y su visibilización.

Uno de los elementos considerados clave en el fallo fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que analizó el expediente y reconoció el nexo causal a partir de la evolución del consenso científico internacional sobre eventos adversos poco frecuentes asociados a la inmunización.

La sentencia, firmada por los jueces de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, también tuvo en cuenta informes médicos y periciales que describieron la progresión del cuadro clínico.

El caso se inscribe dentro de un contexto inédito, ya que al momento de iniciarse el reclamo no existían antecedentes claros en el sistema judicial argentino para este tipo de presentaciones vinculadas a efectos adversos de vacunas, lo que generó demoras y un extenso proceso judicial.

Si bien el fallo se refiere exclusivamente a este caso particular, especialistas señalan que podría abrir un precedente en materia de responsabilidad del Estado y farmacovigilancia en el país.