El Gobierno oficializó cambios en el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema
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El Gobierno oficializó cambios en el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema

El Gobierno nacional oficializó este martes, mediante el decreto 467/2026, una reforma integral en el mecanismo de selección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación, buscando “agilizar los tiempos administrativos”.

La medida elimina la etapa de observaciones ciudadanas previa en el Ministerio de Justicia. A partir de ahora, la participación de particulares y organizaciones se canalizará exclusivamente durante el tratamiento de los pliegos en el Senado, evitando la duplicidad de trámites.

Principales modificaciones en el sistema

Entre los cambios más significativos, se destaca la digitalización total del proceso. La difusión de antecedentes de los postulantes ya no se realizará en diarios de circulación nacional, sino que se centralizará en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Justicia. Asimismo, se establecieron plazos más estrictos para acelerar la cobertura de vacantes, incluyendo un límite de cinco días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emita informes sobre el cumplimiento tributario de los candidatos.

Exigencias patrimoniales y transparencia

Los aspirantes a estos cargos deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en un plazo máximo de cinco días. Esta obligación incluye no solo los bienes personales, sino también los de cónyuges, convivientes y los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal o de hijos menores de edad, en estricto cumplimiento de la Ley de Ética en la Función Pública.

Criterios de selección y visión del Ejecutivo

Desde el Poder Ejecutivo argumentan que estas modificaciones buscan simplificar la burocracia y evitar superposiciones. Cabe destacar que la nueva normativa no reproduce las recomendaciones de 2003 que sugerían considerar criterios de diversidad de género, especialización jurídica y representación geográfica al momento de proponer candidatos para integrar el máximo tribunal, manteniendo el foco en la celeridad del proceso parlamentario.

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