Estados Unidos aumentó este martes la presión sobre el gobierno de Cuba. Por un lado, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la petrolera estadounidense Exxon Mobil puede demandar a empresas estatales cubanas por bienes en la isla que fueron incautados tras la toma del poder de Fidel Castro. Por otra parte, el Departamento de Estado sancionó a cinco entidades estatales cubanas además de señalar a la esposa de uno de los hijos del ex presidente Raúl Castro.
La decisión de la Corte Suprema sobre Exxon fue de 6 a 3, con la mayoría automática conservadora que votó a favor de la petrolera y suma presión sobre la isla, que podría sufrir demandas similares de empresas estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados hace 65 años.
Exxon Mobil busca una compensación por la confiscación de activos propiedad de filiales de Standard Oil, predecesora de Exxon Mobil, incluyendo más de 100 estaciones de servicio y una refinería de petróleo.
La cuestión era si la ley de 1996 conocida como Helms-Burton elimina el escudo frente a demandas en tribunales estadounidenses que normalmente cubren países extranjeros y empresas estatales. Los jueces revocaron una sentencia de un tribunal inferior que determinaba que las empresas estatales cubanas están inmunes a demandas en tribunales estadounidenses.
El Título III de la ley permite a los estadounidenses demandar a casi cualquier empresa que ejerza actividad comercial o se beneficie de propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Antes del primer gobierno de Trump, todos los presidentes habían suspendido la disposición debido a objeciones de aliados estadounidenses que hacían negocios en Cuba y al efecto en futuros acuerdos negociados entre EE. UU. y Cuba.
El expresidente de Cuba Raúl Castro, asistiendo a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Foto EFE
Pero Trump levantó la suspensión en 2019, y Exxon Mobil presentó su demanda ese mismo día. Ahora la Corte votó a su favor.
Por otra parte, Estados Unidos sancionó este martes a cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al conglomerado militar empresarial Gaesa y dos relacionadas con minería y metalurgia, además de señalar a la esposa de uno de los hijos del expresidente Raúl Castro, Annalie Lilliam Rueda Cardero.
“Hoy, el Departamento de Estado designa a cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales de la Administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, indicó el Gobierno estadounidense en un comunicado.
“La situación en Cuba se deteriora a medida que el régimen comunista de la isla, corrupto, brutal y antiestadounidense, sigue priorizando su control absoluto sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”, señaló.
Más sanciones
Y se refirió concretamente al conglomerado GAESA, que es controlado por el régimen cubano y que ha sido señalado previamente por el secretario de Estado Marco Rubio de desviar sus fondos para la corrupción de los dirigentes cubanos. EE.UU. ya había sancionado a esa empresa, pero ahora avanzó con entidades que trabajan con esa compañía.
“El conglomerado GAESA, controlado por los militares cubanos, ha servido persistentemente como principal instrumento para que las élites del régimen roben los escasos recursos de la isla, desviándolos para la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en lugar de destinarlos a escuelas, centrales eléctricas y necesidades básicas para el pueblo cubano”, señaló el comunicado.
“Hoy, he designado entidades adicionales de la red de GAESA asociadas con el movimiento de su dinero y sus activos físicos, así como entidades responsables de la explotación de las reservas minerales y metálicas de Cuba para obtener ganancias ilícitas. Cualquier persona que preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades deben suspender dichas actividades de inmediato”.
Una persona caminando frente a las imágenes del presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, el general y ex presidente Raúl Castro, y el fallecido expresidente de Cuba Fidel Castro en La Habana (Cuba). Foto EFE
Las entidades sancionadas y vinculadas a Gaesa son Rafin y Banco Financiero Internacional (BFI) dos instituciones financieras que, según el secretario de Estado Marco Rubio, “se dedican a mover dinero en nombre del régimen”, y Almacenes Universales, entidad logística que incluye actividades portuarias.
Las restantes son la Empresa Siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de Cuba, y GeoMinera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos con inversión de la australiana Antilles Gold y otras entidades extranjeras.
Además, Washington sancionó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro, este último acusado en EE.UU. por el derribo de avionetas del exilio cubanoestadounidense en 1996.
Estas nuevas acciones se unen a las sanciones contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y al propio Castro Espín, en medio de la escalada de tensiones de Washington sobre La Habana en busca de cambios económicos y políticos.
Trump ha lanzado una campaña de sanciones y presión política para ahogar al régimen cubano, cuya crisis económica se ha agravado por la falta de ayuda del régimen venezolano y por el bloqueo del crudo estadounidense, además de las medidas que decretó Trump en mayo contra compañías extranjeras que operan en distintos sectores de Cuba.
Más allá de la presión económica, la justicia estadounidense ha procesado al ex presidente Raúl Castro y Trump ha amenazado varias veces con intervenir la isla.
En medio de este panorama delicado, el gobierno cubano lanzó días atrás un paquete de 176 propuestas de reformas liberales que abarcan la organización de las empresas privadas, las empresas estatales, el sistema bancario, el turismo, la agricultura, la inversión extranjera, los impuestos y el mercado cambiario. Los expertos consideran que es la reforma más profunda lanzada en 70 años.
“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”, dijo el presidente Miguel Díaz Canel.
