Causa Cuadernos: investigan posible desvío de fondos de ENARSA hacia negocios privados y un show de Ricky Martin

En una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, un exfuncionario de la ex AFIP declaró sobre el presunto uso irregular de fondos públicos por parte de una empresa contratista de ENARSA en el marco de una obra de infraestructura en la provincia de Salta.

Según el testimonio de Jorge Tesolin ante el Tribunal Oral Federal 7, la empresa Servicios Vertúa habría recibido anticipos financieros destinados a la construcción de un tramo del Gasoducto del Noroeste Argentino, pero posteriormente habría utilizado parte de esos fondos en actividades ajenas al objeto contractual.

El funcionario explicó que, durante la fiscalización, la empresa no pudo justificar completamente el destino de los fondos recibidos. Entre las operaciones observadas se mencionan la adquisición de dólares, transferencias a un fideicomiso privado y retiros en efectivo por montos significativos.

De acuerdo con la declaración, una parte del dinero habría sido destinada a un desarrollo inmobiliario privado, mientras que otra fracción habría sido vinculada a la organización de un evento comercial que incluyó la contratación del artista Ricky Martin como figura principal.

El emprendimiento inmobiliario mencionado no guardaría relación con el objeto de la obra pública adjudicada, lo que generó observaciones por parte de los organismos de control. Además, según lo expuesto en la audiencia, los registros bancarios no habrían permitido determinar con precisión el destino final de varios retiros en efectivo realizados por la empresa.

La fiscalía también consultó sobre la posible utilización de fondos en actividades promocionales y eventos privados, entre ellos la contratación de espectáculos artísticos, lo que formaría parte de una estrategia comercial del emprendimiento asociado a la firma.

La causa forma parte del expediente por el circuito de sobornos a contratistas del Estado, donde se investigan presuntas maniobras irregulares en la asignación y ejecución de obras públicas durante años anteriores.

Según la reconstrucción realizada en la investigación, la empresa habría recibido pagos por más de 300 millones de pesos en distintos desembolsos, sin que se haya podido establecer con claridad el destino total de los fondos vinculados a la obra adjudicada.

El caso continúa bajo análisis judicial mientras se evalúa el recorrido de los fondos públicos y su posible desvío hacia fines no autorizados por el contrato original.