Polémica por el “Súper RIGI”: aseguran que las mega inversiones pagarán menos impuestos que muchas PyMEs

La aprobación en Diputados del denominado “Súper RIGI” abrió un fuerte debate político y económico en Argentina. El proyecto, promovido por el Gobierno nacional para atraer inversiones millonarias en sectores estratégicos, recibió media sanción y ahora deberá ser tratado en el Senado.

La iniciativa apunta a captar proyectos de gran escala en áreas como inteligencia artificial, centros de datos, electromovilidad, baterías de litio, energías renovables, biotecnología y semiconductores. Para lograrlo, ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante un período de hasta 30 años.

Sin embargo, uno de los aspectos que más controversia generó es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15% para las empresas que ingresen al régimen. Los sectores críticos sostienen que esta alícuota es inferior a la que enfrentan muchas pequeñas y medianas empresas argentinas, lo que consideran una competencia desigual.

Desde la oposición señalaron que el esquema favorece principalmente a grandes grupos económicos y multinacionales, mientras que las PyMEs locales continúan soportando una carga tributaria significativamente mayor. Además, advirtieron sobre el impacto que estos beneficios podrían tener en la recaudación fiscal.

Otro de los puntos que despertó preocupación es la discusión sobre modificaciones vinculadas a la Ley de Tierras y las condiciones para la participación de capitales extranjeros en proyectos estratégicos. Los detractores del proyecto sostienen que la flexibilización de ciertas restricciones podría facilitar el acceso de inversores internacionales a recursos naturales considerados clave para el desarrollo del país.

En contraste, el Gobierno defiende el proyecto y asegura que Argentina necesita reglas especiales para competir con otros países que también ofrecen incentivos a las grandes inversiones. Según el oficialismo, el objetivo es atraer capitales que actualmente eligen destinos más competitivos y generar empleo, innovación y nuevas exportaciones.

Los defensores de la iniciativa afirman que sin estos incentivos sería difícil desarrollar industrias vinculadas a las nuevas tecnologías y aprovechar recursos estratégicos como el litio, el cobre o el potencial energético nacional.

Con el proyecto ya aprobado en la Cámara de Diputados, la discusión se trasladará ahora al Senado, donde continuará el debate sobre una de las propuestas económicas más importantes impulsadas por el Gobierno y que promete seguir generando fuertes posiciones a favor y en contra.