Caso Ángel: La auditoría al Equipo Técnico Interdisciplinario revela demoras de hasta tres meses en informes de violencia

Tras el trágico precedente que conmocionó a la región con el Caso Angel, la auditoría liderada por la jueza María Marta Nieto expuso cómo la burocracia y las agendas colapsadas dilatan hasta tres meses los informes de riesgo familiar. El Superior Tribunal ordenó reformas urgentes para evitar la re-victimización y exigir que los jueces se involucren de forma directa en las crisis humanas.

“Detrás de cada intervención hay un ser humano. No gestionamos solo expedientes; gestionamos crisis humanas, violencias y derechos de niños, niñas y adolescentes”, enfatizó la doctora María Marta Nieto al presentar los resultados de la exhaustiva auditoría realizada sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Fuero de Familia local.

La intervención, ordenada por el Superior Tribunal de Justicia a través de un acuerdo plenario, surgió de manera directa con posterioridad al denominado Caso Ángel, un hecho que encendió las alarmas sociales y judiciales, y que catalizó los cuestionamientos de la comunidad, el Colegio de Abogados, asesorías y defensorías respecto del funcionamiento del sistema integrado de protección.

A lo largo de un proceso estructurado en cinco etapas, que incluyó el análisis del personal, de los recursos y el testeo al azar de más de 30 expedientes complejos, la auditoría arrojó luz sobre los “desvíos” del sistema.

La primera conclusión de la camarista fue contundente respecto a lo material: el ETI cuenta con los recursos humanos, de gestión y de movilidad necesarios para cumplir sus tareas. La raíz del problema, por ende, no es presupuestaria.

Agendas a largo plazo y el peligro de la demora

El informe detectó fallas críticas en la etapa de evaluación del riesgo. La jueza Nieto expuso cómo la burocracia dilata la protección efectiva en casos de violencia familiar: “Ingresa una denuncia, el juzgado dicta medidas de protección y le requiere al ETI un diagnóstico. Como el equipo ve que las medidas ya están vigentes, suelen tener la tranquilidad de poner la entrevista en la agenda un poco después. En abril, tenían turnos señalados hasta junio. Si uno piensa en una situación de violencia o de riesgo, dos o tres meses es muy lejos, es muchísimo tiempo”, explicó.

La camarista advirtió que un informe tardío provoca que, para cuando al escritorio del magistrado, “la familia ya cambió dos o tres veces y hubo nuevos hechos de denuncia”.

Entre los principales desvíos detectados en el sistema se encuentra la falta de presencia judicial, y se advirtie una preocupante automatización y corrimiento de la presencia real de los jueces en el tratamiento diario de los litigios.

A su vez la proliferación de expedientes también fue algo que se remarcó. Ante un mismo conflicto familiar se suelen abrir múltiples causas paralelas (alimentos, violencia, comunicación), lo que atomiza la información y satura a las defensorías y al ETI.

También se puso sobre la mesa los informes incompletos. Aunque Nieto destacó que los informes son técnicamente superiores a los de hace cinco años, criticó que omiten reflejar las acciones previas de articulación, como los contactos con maestras o psicólogos de los menores.

Por otra parte remarcó la falta de articulación real. Los organismos de la administración pública (como el Servicio de Protección de Derechos) y el Poder Judicial suelen intervenir de manera estanca, provocando la re-victimización de los usuarios.

Hacia una perspectiva de vulnerabilidad

Ante este diagnóstico, el Superior Tribunal de Justicia ya ordenó la implementación de la totalidad de las medidas sugeridas por Nieto. Las reformas exigen modificar de inmediato los esquemas de horarios y agendas para equiparar la carga de entrevistas entre los profesionales (reduciendo los tiempos de espera), unificar los expedientes de un mismo grupo familiar y readecuar las solicitudes que los jueces hacen al ETI, abandonando los pedidos genéricos y automatizados.

Finalmente, la magistrada instó a profundizar la capacitación de los operadores judiciales bajo una perspectiva de vulnerabilidad amplia, que trascienda la de género. “Los adultos mayores y los ciudadanos con discapacidad sufren lo mismo que los niños: no los escuchan, no los ven, no prestan atención a su relato. Necesitamos un trato más humanizado para que el ciudadano común sienta que el Servicio de Justicia realmente lo está oyendo”, concluyó.