El problema del acceso a la tierra: estafas virtuales, desalojos y el riesgo de vivir sobre el acueducto
9 Minutos de Lectura

El problema del acceso a la tierra: estafas virtuales, desalojos y el riesgo de vivir sobre el acueducto

Tras operativos con incidentes en El Faro y Laprida, el secretario de Tierras del municipio de Comodoro, Bruno Hernández, advirtió sobre los peligros de construir sobre el acueducto principal y las penalizaciones de hasta 20 años que bloquean incluso el registro de conducir.

El acceso a la tierra en Comodoro Rivadavia siempre fue un tema complejo y que no pierde actualidad. La desesperación por el techo propio y la proliferación de ofertas dudosas en plataformas digitales como Facebook Marketplace confluyen en un escenario donde los adquirentes pasan de la ilusión de la casa propia a convertirse en infractores ante la ley.

En las últimas semanas, la Secretaría de Ordenamiento Territorial incrementó las intervenciones de oficio, dejando al descubierto no solo el accionar de organizaciones que lucran con el espacio público, sino también el desamparo y la violencia que rodean a estos procedimientos.

Los operativos recientes en distintos puntos de la ciudad evidencian la gravedad del problema. En el barrio El Faro, una intervención que incluyó el desalojo de cuatro familias —víctimas de engaños virtuales— derivó en incidentes, agresiones al personal municipal y detenciones policiales. Sin embargo, la situación más crítica en términos de infraestructura se detectó en la zona de Laprida (Manantiales-Rosales).

Allí, un grupo de ocupantes levantó estructuras directamente sobre el acueducto principal de Comodoro Rivadavia. La gravedad es doble: por un lado, la presión de dicha red expone a los habitantes a un riesgo de vida inminente ante cualquier rotura; por el otro, un desperfecto en ese tramo podría dejar sin suministro a toda la comunidad. En ambos casos, el denominador común fue el mismo: transacciones millonarias en negro coordinadas a través de redes sociales.

Bruno Hernández, secretario de Ordenamiento Territorial

De la venta en redes sociales a desalojos violentos 

Frente a este panorama, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, detalló el trasfondo de las actuaciones y alertó sobre la modalidad de estas maniobras: “Venimos de un mes movidito, movidito porque tuvimos un primer levantamiento en el Faro, donde había cuatro familias, las cuales habían accedido a la tierra pública mediante ventas de Facebook, para ser más preciso, Marketplace. Se procedió a hacer un levantamiento donde incluso hubo intervención de la policía, personal detenido, agresiones a los empleados municipales, la verdad que fue bastante complicado. Y en esta semana hubo un levantamiento en la zona de Laprida, que ya habíamos tenido el año pasado en la zona de Manantiales-Rosales, donde hay asentamientos que se realizan sobre un caño de acueducto que es de red principal, por lo tanto la presión es importante. Esto genera no solamente un inconveniente en caso de alguna rotura del acueducto para toda la comunidad, sino también para los propios afectados, o sea, para aquellas personas que ocupan de manera ilegal el lugar. En este tipo de casos nosotros actuamos de oficio, hacemos un levantamiento de manera directa”.

Al arribar a Laprida, el personal municipal constató que, una vez más, el engaño digital era el nexo. “Al llegar, todas las personas habían llegado a ocupar esa tierra de manera irregular a través también de Marketplace”, explicó el funcionario, quien además destacó que la Secretaría cuenta ahora con canales digitales propios para la prevención: “Tratamos siempre de informar a la gente de que tenga las precauciones necesarias, porque también entendemos que a veces las personas, con el mayor de sus esfuerzos y con los pocos ahorros que tienen, tratan de acceder a este tipo de ofertas. Siempre les decimos a los vecinos que tengan cuidado y que sean diligentes”.

Para Hernández, siempre se deben tomar los recaudos básicos: “solicitar papeles; es decir, que aquella persona que le está vendiendo efectivamente esté autorizada a hacerlo, que realmente sea el propietario. Esto es algo muy simple: se pide un estado de dominio en Catastro. No cuesta nada. Vas, pedís el papel y se certifica”. Al ser consultado sobre la frecuencia de estos casos en la ciudad, fue categórico: “Sí, pasa mucho. Si vos entrás a la página de Marketplace encontrás una variedad enorme sobre tierra. Es necesario que la gente tome precauciones previas para evitar otras cuestiones”.

El mito de la “buena fe” y el laberinto de las inhabilitaciones

Un aspecto clave en el avance de estas causas es el encuadre legal. Desde la cartera de Tierras advierten que la justicia no contempla la ignorancia ni la “buena fe” cuando el comprador no realiza las averiguaciones mínimas de dominio antes de entregar el dinero. La normativa provincial y municipal establece que es responsabilidad del ciudadano verificar en Catastro el estado de la propiedad para certificar si quien vende está realmente autorizado.

Quienes obvian este paso y avanzan en la compra irregular se enfrentan a un doble castigo que suele tomar por sorpresa a los infractores. Por el carril judicial, se tramitan denuncias penales directas ante el Ministerio Público Fiscal por el delito de usurpación, que involucran tanto a los comercializadores como a los compradores. Por el carril administrativo, se aplican severas multas económicas y una inhabilitación que se extiende por hasta 20 años.

Hernández remarcó la rigurosidad de esta sanción, que suele pasar desapercibida hasta que es tarde: “Estas inhabilitaciones y sanciones no son solamente para el acceso a la tierra pública, sino también para otros trámites administrativos. A veces la gente dice ‘¿qué me importan a mí las sanciones?’. Después, cuando uno va a renovar el carnet de conducir, se entera de que no es posible renovarlo. La sanción recae tanto para el comprador como para el vendedor, porque no se presume la buena fe cuando vos no sos diligente a la hora de comprar algo que no es tuyo”.

Entre la presión habitacional y la especulación de los privados

El problema de fondo sigue siendo la brecha entre la oferta de suelo urbano y una demanda habitacional contenida que no cede. “La demanda es enorme”, reconoció el funcionario. La Municipalidad absorbe diariamente pedidos que van desde los listados históricos de vecinos en lista de espera hasta los fallos urgentes dictados por los juzgados de Familia y la sede Penal, donde la justicia insta a dar soluciones habitacionales tras procesos judiciales complejos.

Para intentar paliar esta situación, el foco oficial se centró últimamente en el Cerro Hermite, donde se logró la recuperación de más de un centenar de lotes que se encontraban en estado de abandono. “Cuando arrancamos con el tema del Cerro Hermite, teníamos 50 recuperos que van a ser destinados a las casas que va a hacer la Municipalidad. Dos meses después recuperamos otros 50 más. Más o menos andamos en un total de ciento y algo”, detalló Hernández.

No obstante, el avance sobre estos macizos encontró una contraofensiva por parte de tenedores irregulares. El propio secretario admitió que el ritmo de trabajo se complejizó: “La realidad es que estoy estancado en el número de recuperos porque, al filtrarse la noticia de la cantidad que tenemos, la gente que no había construido y que tenía el lote en situación de abandono empezó a levantar paredes de manera apresurada. Eso genera un impedimento legal a la hora del recupero”.

Breves locales: Obras y reordenamiento vial en el LU4

A la par de la situación dominial, se confirmaron novedades de infraestructura para el barrio LU4. Tras años de gestiones cruzadas, se lograron destrabar los aspectos burocráticos entre la empresa adjudicataria, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y los vecinos para dar inicio a la posterada obra de la Escalera 8. El proyecto, financiado por el Gobierno Provincial, cuenta con un plazo de ejecución de 90 días y prevé las primeras inspecciones técnicas en el lugar durante la próxima semana.

Asimismo, se implementará un cambio en el sentido de circulación de la calle Laura Durán. La medida responde al reclamo de los residentes del sector y busca frenar el paso de camiones y flota pesada, que utilizan esa arteria residencial —en la que se encuentra un establecimiento escolar— como vía de escape para evitar el semáforo de la Avenida Constituyentes.

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor