Fuerza antinarco y una orden absurda en la usurpación de tierras salteñas

Pese a los categóricos dictámenes de organismos de Bolivia sobre la pertenencia de los suelos ocupados a territorio argentino, ante una nueva denuncia empujada por cañeros , el pasado 6 de enero último una jueza penal tarijeña, Minerva Tárraga Gutiérrez, libró un mandamiento de aprehensión contra integrantes de la comunidad Tape Iguapegui, entre ellas Natalí Vásquez y Vanesa Alemán, de Churqui.

Esa orden parece haber encontrado entendibles reparos en autoridades policiales de Bermejo, quizás mucho más sensatas que el capitán de navío Javier Baldivieso, un comandante del Area Naval de Bermejo que años atrás no trepidó en desembarcar con efectivos de esa fuerza en costas salteñas para amedrentar a originarios ante la ausencia del Estado argentino en esos suelos usurpados al pueblo ava guaraní de General Mosconi.

Tampoco la fiscal tarijeña Janeth Soliz Torrez parece haber tomado nota de los indubitables dictamenes del INRA y la Cancillería boliviana, porque el pasado 21 de abril insistió ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELC) para que se ejecuten las detenciones ordenadas por la jueza Tárraga Gutiérrez.

Atrapados en la doble frontera

Ese cuadro encuentra hoy a pobladores ava guaraníes de la banda del río Grande de Tarija atrapados en una doble frontera. Del lado argentino, no tienen caminos ni presencia estatal permanente. Del lado boliviano, quedan amenazados por causas penales iniciadas por quienes se adjudican tierras que organismos del propio Estado boliviano ubicaron en suelo argentino. Por eso, las órdenes de aprehensión no son un dato judicial aislado: funcionan, en la práctica, como un cerco que condiciona la vida diaria de una comunidad originaria marcada por carencias vitales.

Cada viaje por alimentos o por salud puede transformarse en un encarcelamiento inaceptable hasta extremos que podrían mover, incluso, hasta una intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la del conocido reclamo de las comunidades indígenas nucleadas en la Asociación “Lhaka Honhat” por las tierras de los exlotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Oeste.

Denuncias desde 1994

Las denuncias de la comunidad Tape Iguapegui tampoco son nuevas. El primer antecedente por remoción ilegal de hitos en el borde fronterizo del río Grande de Tarija data de 1994. Dos décadas después, en 2014, Gendarmería, AFIP (hoy ARCA) y Aduanas ya habían detectado en esa franja limítrofe un contrabando de 70.000 toneladas de caña de azúcar. Transcurridos otros diez años desde aquel operativo, estimaciones incluidas en una denuncia que ingresó al fuero federal de Salta en septiembre de 2024 duplican aquel volumen y describen una operatoria sostenida: desmontes en suelo argentino, plantaciones irregulares, cosecha y cruce en contrabando hacia un ingenio de Bermejo.

El avance cañero también tuvo un componente de violencia denunciado por los pobladores. Las comunidades relataron amenazas con machetes y armas de fuego, persecuciones, destrucción de recursos de subsistencia, muerte de animales y restricciones para acceder al río Tarija. En 2020 el INAI pidió la intervención del Ministerio de Defensa por denuncias de habitantes de El Trementinal contra ciudadanos bolivianos que ocupaban territorio indígena e impedían el acceso al agua del río.