Denuncian radares sin habilitación y miles de fotomultas podrían ser anuladas

Un informe de Vialidad Nacional detectó presuntas irregularidades en más de un centenar de dispositivos instalados sobre rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. La situación abrió un debate sobre la legalidad de las infracciones y la posibilidad de que los conductores impugnen las sanciones.

La validez de miles de fotomultas volvió a quedar bajo la lupa luego de que un informe elaborado por Vialidad Nacional detectara presuntas irregularidades en más de 100 radares ubicados sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe.

Según el relevamiento, varios de estos dispositivos estarían funcionando sin contar con la homologación o autorización técnica exigida por la normativa nacional, requisito indispensable para que las infracciones registradas tengan respaldo legal.

La situación generó preocupación entre automovilistas y autoridades, ya que podría derivar en la nulidad de numerosas actas de infracción emitidas por estos sistemas de control de velocidad.

Pedido de informes en la Legislatura

Frente al informe, la Cámara de Diputados de Santa Fe recibió un pedido formal para que el Poder Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre la situación.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Silvia Malfesi, quien solicitó información acerca de los municipios que actualmente utilizan radares sin la correspondiente habilitación, los organismos que autorizaron su instalación y el destino de los recursos obtenidos mediante el cobro de las multas.

Desde la Legislatura remarcaron que el objetivo no es eliminar los controles de velocidad, sino garantizar que todos los procedimientos se desarrollen dentro del marco legal y con absoluta transparencia para los usuarios de la red vial.

Qué puede pasar con las multas

Si se comprueba que un radar funcionaba sin la homologación correspondiente, los conductores que recibieron una infracción podrán solicitar administrativamente la nulidad de la multa argumentando la falta de habilitación del dispositivo.

La situación también alcanza a quienes ya abonaron las sanciones económicas. En esos casos, existe la posibilidad de iniciar un reclamo formal para solicitar la devolución del dinero ante el juzgado que emitió la infracción.

Si el planteo administrativo es rechazado o no obtiene respuesta, los automovilistas podrán recurrir a la vía judicial para reclamar el reintegro de los importes abonados.

Un nuevo debate sobre los controles viales

La controversia vuelve a instalar la discusión sobre el funcionamiento de los radares y el equilibrio entre los controles destinados a mejorar la seguridad vial y el cumplimiento estricto de los requisitos legales.

Mientras algunos sectores sostienen que los dispositivos son herramientas fundamentales para reducir los siniestros viales, otros cuestionan que determinados controles puedan tener un objetivo meramente recaudatorio cuando no cuentan con la documentación técnica exigida.

La investigación y las respuestas que brinden las autoridades serán claves para determinar el alcance de las posibles irregularidades y establecer si miles de fotomultas emitidas en rutas nacionales deberán ser anuladas.