La Justicia ordenó embargar el departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, además de otras propiedades, vehículos y activos vinculados a la causa Vialidad.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que tiene a su cargo la ejecución de la condena contra la expresidenta. El objetivo es avanzar con el proceso de recuperación del dinero establecido como perjuicio patrimonial al Estado en la causa.

El embargo alcanza también a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el complejo Madero Center, además de terrenos e inmuebles en distintas localidades de Santa Cruz, entre ellos propiedades en El Calafate y Río Gallegos. También fue incluido el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.

Según la resolución, la medida no significa que las propiedades serán rematadas de manera inmediata ni modifica su titularidad. El embargo establece la indisponibilidad jurídica de los bienes para evitar que sean transferidos o gravados mientras se define el decomiso final.

El tribunal también extendió las medidas sobre bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en la causa Vialidad. Los jueces fundamentaron la decisión en los argumentos expuestos en la sentencia del expediente.

En total, este segundo tramo de la ejecución patrimonial contempla 141 bienes identificados por los fiscales. La Justicia ya había avanzado anteriormente con una primera etapa que alcanzó a otros 111 bienes, que se encuentran en proceso de tasación.

Además, fueron alcanzados vehículos de algunos de los condenados y se solicitaron informes al Banco Galicia sobre una caja de seguridad y dos cuentas pertenecientes a Florencia Kirchner.

La resolución se produce mientras continúa la ejecución patrimonial de la condena en la causa Vialidad y el proceso destinado a determinar qué bienes deberán ser finalmente decomisados.