La Justicia de Paz se transforma: desde noviembre los juzgados del interior podrán tramitar divorcios

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán impulsa un proceso de descentralización para convertir los Juzgados de Paz en Centros de Atención Primaria de Justicia. La nueva etapa comenzará el 1 de noviembre de 2026, con la ampliación de competencias de los Juzgados de Paz Letrados.

Una Justicia más cerca del territorio

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán avanza con un programa destinado a fortalecer y ampliar la presencia territorial del Poder Judicial, con especial foco en las localidades del interior de la provincia.

La iniciativa apunta a transformar progresivamente los actuales Juzgados de Paz en Centros de Atención Primaria de Justicia, con más servicios, mejores instalaciones y nuevas herramientas para que los ciudadanos puedan resolver determinados trámites y plantear situaciones judiciales sin necesidad de trasladarse hasta San Miguel de Tucumán u otros centros judiciales.

Actualmente, el Poder Judicial de Tucumán informa que existen 69 Juzgados de Paz, de los cuales 25 son letrados y 44 legos. Estas dependencias se encuentran distribuidas en distintas localidades del interior y tienen como uno de sus objetivos principales facilitar el acceso a Justicia.

Un plan con obras en distintas localidades

El proceso de transformación también tiene un componente edilicio. Según la información difundida sobre el programa, se contemplan 55 intervenciones, que incluyen nuevas construcciones y trabajos de refacción y puesta en valor.

Entre las obras ya finalizadas se contabilizan 28 refacciones en dependencias de distintas localidades. También se desarrollaron nuevos edificios y trabajos de infraestructura destinados a adaptar las sedes a las necesidades actuales de atención al público y funcionamiento judicial.

Entre las localidades alcanzadas por las intervenciones figuran Gobernador Piedrabuena, El Chañar, El Timbó, Villa Benjamín Aráoz, Villa Padre Monti, Aguilares, Villa Hileret, El Sacrificio, Rumi Punco, Colombres, Los Ralos, Orán, Quilmes, Santa Rosa de Leales, Río Colorado, Villa de Leales, Simoca, Los Gómez, Santa Cruz, Medinas, Monteagudo, Graneros, La Madrid, Árboles Grandes, Trancas y San Pedro de Colalao.

La estrategia no se limita a construir o remodelar edificios. Las nuevas sedes están pensadas para acompañar un modelo de gestión basado en el expediente digital y en una atención más próxima al ciudadano.

El cambio clave llegará el 1 de noviembre

El principal salto en materia de competencias se producirá el 1 de noviembre de 2026.

La fecha fue establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán mediante la Acordada N.º 734/26, que reglamenta la implementación de las modificaciones introducidas por la Ley N.º 9987.

La norma fue sancionada el 18 de junio de 2026 y promulgada el 29 de junio. Entre otras modificaciones, reformó distintos artículos de la Ley 6238, Orgánica del Poder Judicial de Tucumán.

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la Justicia de Paz Letrada: la legislación incorpora expresamente dentro de sus competencias los procesos de divorcio, de acuerdo con las reglas previstas por el Código Procesal de Familia de Tucumán y bajo la modalidad que reglamente la Corte.

Qué podrán hacer los Juzgados de Paz Letrados

A partir de noviembre, las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción correspondiente podrán iniciar allí determinados procesos de divorcio, evitando en esos casos tener que trasladarse hasta los juzgados de Familia de los principales centros judiciales.

La ampliación también alcanza a situaciones vinculadas con el régimen comunicacional provisorio de niños, niñas y adolescentes.

La legislación establece que los Juzgados de Paz Letrados podrán intervenir en estas cuestiones con carácter provisorio y deberán remitirlas inmediatamente al Juzgado de Familia competente.

Esto significa que la nueva competencia no implica que los Juzgados de Paz pasen a reemplazar a los juzgados especializados en Familia. Su función será brindar una respuesta inicial y territorial ante determinadas situaciones, particularmente cuando se necesita una intervención judicial rápida.

Qué seguirá en manos de los Juzgados de Familia

La reforma también establece límites claros.

En materia de divorcio, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con los efectos patrimoniales continuarán siendo competencia del Juzgado de Familia correspondiente.

De igual manera, las cuestiones vinculadas con el régimen comunicacional provisorio serán remitidas al juzgado especializado para la continuidad del proceso.

La lógica del nuevo esquema es, por lo tanto, acercar la primera respuesta judicial al lugar donde viven las personas, sin eliminar la intervención de los órganos especializados.

Capacitación y adaptación del sistema

La ampliación de competencias requiere modificaciones en la organización interna de las dependencias.

Para la puesta en marcha del nuevo esquema se previó la capacitación de funcionarios y empleados, además de adecuaciones del sistema informático SAE y la preparación de formularios y herramientas específicas para los nuevos trámites.

El proceso forma parte de una política más amplia del Poder Judicial tucumano orientada a mejorar la gestión y profundizar la planificación institucional. En abril de 2026, la Corte aprobó su Plan de Acción Institucional 2026-2027, que plantea entre sus objetivos el fortalecimiento de la gestión, la optimización de recursos y la mejora de la efectividad del servicio de Justicia.

Un proceso que ya venía incorporando nuevas competencias

La transformación de la Justicia de Paz no comienza con la reforma que entrará en vigencia en noviembre.

El propio Poder Judicial señala que desde el 1 de agosto de 2025 todos los Juzgados de Paz de la provincia pueden iniciar procesos sucesorios, de acuerdo con la Acordada N.º 331/25. También se encuentra habilitado el Módulo de Demandas Digitales del SAE para iniciar causas en forma online.

En 2026, además, la Corte inauguró el nuevo Juzgado de Paz de Tafí Viejo, una sede de aproximadamente 600 metros cuadrados que fue diseñada para concentrar distintos servicios judiciales y de registro civil. Entre ellos se mencionaron servicios notariales, celebración de matrimonios, certificación de documentación, medidas de restricción, alimentos provisorios y determinados procesos sucesorios.

El objetivo: reducir distancias y facilitar el acceso a Justicia

El eje de la transformación es territorial.

Para los habitantes de localidades alejadas de San Miguel de Tucumán, Concepción, Monteros o Banda del Río Salí, una gestión judicial puede implicar tiempo, costos de transporte y dificultades laborales o familiares.

La estrategia impulsada por la Corte busca que una mayor cantidad de trámites y respuestas judiciales puedan gestionarse desde las propias localidades, aprovechando la red existente de Juzgados de Paz y ampliando progresivamente sus capacidades.

La Ley 6238 establece que la Justicia de Paz Letrada se ejerce en todo el territorio provincial, con excepción de San Miguel de Tucumán, Concepción, Banda del Río Salí y Monteros.

De esta manera, la reforma combina descentralización, infraestructura, capacitación y digitalización, con el propósito de que las dependencias judiciales del interior tengan un papel cada vez más importante en el acceso cotidiano de los ciudadanos al sistema de Justicia.

Una nueva etapa para los Juzgados de Paz

El cambio previsto para noviembre representa así una nueva etapa en la evolución de la Justicia de Paz tucumana.

El desafío será lograr que las nuevas competencias se traduzcan efectivamente en una atención más rápida y accesible, sin superponer funciones con los juzgados especializados y garantizando que cada caso sea derivado al órgano competente cuando corresponda.

Con la entrada en vigencia de la Ley 9987, los Juzgados de Paz Letrados pasarán a tener un rol más amplio en asuntos que impactan directamente en la vida familiar de los ciudadanos. La apuesta institucional es que esa mayor presencia territorial permita acercar la Justicia a quienes viven en el interior y reducir la necesidad de trasladarse hacia los grandes centros judiciales de la provincia.