Régimen Penal Juvenil: el Gobierno reglamentó la nueva ley y los adolescentes podrán ser imputados desde los 14 años

El Gobierno nacional reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece un sistema de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 hasta los 18 años. La medida quedó formalizada a través del Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La reglamentación completa la implementación de la Ley 27.801, que había sido sancionada por el Congreso en febrero y que entró en vigencia el pasado sábado 5 de septiembre. El cambio central es la reducción de la edad de imputabilidad, que anteriormente estaba establecida en 16 años.
La normativa alcanza a quienes tengan entre 14 y menos de 18 años al momento de cometer un delito. El objetivo declarado del régimen no es solamente establecer consecuencias penales, sino también promover la responsabilidad por los actos cometidos, la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes.
Uno de los puntos que ahora quedó definido es quién estará a cargo de la aplicación del sistema. El Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito de la Justicia nacional y federal.
Además, se establece la figura de los supervisores, profesionales que tendrán a su cargo el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen. Los jueces serán quienes designen a estos supervisores y, en una primera etapa, se utilizará un listado provisorio de profesionales hasta que se realice la primera convocatoria pública para conformar el Registro de Supervisores.
El decreto también dispone la creación de un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. El organismo tendrá como objetivo coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción.
A esto se suma una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, que permitirá articular el trabajo entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con participación de distintos organismos judiciales.
La nueva normativa marca un cambio profundo en el tratamiento penal de los adolescentes en Argentina y abre una nueva etapa en la discusión sobre seguridad, responsabilidad penal juvenil y reinserción social.

