Haya o no un adelanto electoral en España, un nuevo frente de conflicto se abre para el gobierno de Pedro Sánchez con vistas a los próximos comicios que, según el presidente, se celebrarán en 2027: el Tribunal Supremo dictó una medida cautelar para que el padrón electoral suspenda la inscripción de quienes hayan obtenido la ciudadanía por ser descendientes de españoles pero no puedan acreditar que son hijos o nietos de exiliados por el franquismo.
La medida deja en el aire la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de miles de personas cuyos ancestros españoles huyeron de su país por sufrir represión o persecución.
Las cifras oficiales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que 2,4 millones de descendientes de españoles habían pedido cita en alguno de los consulados españoles y que 1,2 millón iniciaron el trámite.
El 40 por ciento de las peticiones de ciudadanía española proviene de Argentina.
Hasta fines de marzo, 544.722 solicitudes de ciudadanía fueron aprobadas. Entre estos nuevos nacionalizados españoles, 306.000 ya fueron inscriptos en el CERA.
“No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo”, dijo el presidente Pedro Sánchez este miércoles en la primera entrevista televisiva que concedió desde que retomó su agenda de gobierno después del verano europeo.
“No queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Sino ciudadanos todos de primera, con los mismos derechos y también con derecho al voto”, había señalado horas antes Sánchez en la sesión parlamentaria de control al gobierno.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, contra la decisión del Tribunal Supremo sobre el derecho a voto. Foto: EFE
Fue la respuesta que le dio al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cuando lo acuso de estar “pendiente de manipular el censo con la ley de nietos (como se la conoce a la ley de memoria democrática)”.
El reclamo a la Justicia había sido presentado por Vox y por el partido Iustitia Europa ante lo que, según el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, representaba un aumento del CERA “de forma anómala cuando no ilegal”.
Según argumentó Buxadé, el padrón de residentes en el exterior se incrementó en los dos últimos meses en más de 29.000 personas. Señaló, además, que sumó 403.466 españoles desde 2023, “ante el volumen masivo de nuevos nacionales sin arraigo ni de sus padres ni de sus abuelos”.
Qué dice la ley
La ley de memoria democrática, que rige desde 2022, amplió las posibilidades para conseguir la ciudadanía española. De acuerdo a la disposición octava de esa ley, “todas aquellas personas nacidas fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”.
La medida se extiende, además, a los descendientes nacidos fuera de España de mujeres españolas que hayan perdido, al casarse con extranjeros, su nacionalidad. Aquí se contempla a las mujeres que hayan atravesado esa condición hasta antes de la Constitución de 1978, a partir de la cual los españoles recuperaron las libertades y los derechos fundamentales que el franquismo había silenciado.
La defensa de Sánchez
“Estamos hablando de la ley de memoria democrática, que reconocía derechos de ciudadanía a todos aquellos familiares, nietos, nietas de exiliados, como consecuencia de la dictadura y de la guerra civil. Por tanto, es una ley que lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado precisamente por aquellos que hoy, sus descendientes, lo que están haciendo es tratar de cercenar sus derechos de ciudadanía, como también hicieron al obligarles a exiliarse, en muchas ocasiones, en países latinoamericanos”, defendió Sánchez la llamada “ley de nietos”.
Y agregó: “Esta es una ley que lleva en vigor desde el año 2022. Hay que recordar que en el año 2023 se celebraron unas elecciones generales, en donde, por cierto, el Partido Popular ganó en el voto exterior. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Por qué el Partido Popular (hoy cambia de posición frente a) una ley que lleva en vigor ya unos cuantos años, bajo la cual se han celebrado elecciones y han participado residentes en el exterior que tienen la ciudadanía española?”
“Creo que hay una corriente de fondo, un denominador común, de cuestionamiento por parte de una ultraderecha, y también de una derecha cada vez más ultra, de los regímenes democráticos”, opinó el presidente socialista.
¿Amenaza de derogación?
En una entrevista con Clarín, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, ya manifestaba su preocupación hace un año: “Lamentablemente, la derecha y la ultraderecha no apoyaron la iniciativa que llevamos en 2022 al Parlamento de España. No la apoyó el Partido Popular ni Vox”, señalaba Torres y lo definía como “una verdadera amenaza”.
“Anuncian y afirman que, en caso de gobernar, derogarían esta ley”, lamentaba el ministro ante Clarín.
“Si esta ley se deroga por un nuevo gobierno, todos aquellos que no tengan la concreción quedarán en el limbo y esas solicitudes serán anuladas”, decía Torres.
