Cruce por la baja de imputabilidad: el Gobierno porteño impulsará un jury contra una jueza

El conflicto por la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil sumó un nuevo capítulo en la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que presentará un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad en un caso particular.

De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, intervino en una causa por tentativa de robo en la que estaba involucrado un adolescente de 14 años. En su resolución, consideró que la aplicación del nuevo régimen en ese caso era regresiva y podía vulnerar derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. Como consecuencia, dispuso el sobreseimiento del menor y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para establecer un plan de acompañamiento.

El fallo, sin embargo, no dejó sin efecto la nueva normativa en toda la Ciudad. Se trata de una decisión de primera instancia aplicada a ese expediente en particular, por lo que la ley continúa vigente. Además, la Fiscalía apeló la resolución y ahora deberá intervenir una instancia superior.

Frente a la decisión, Tapia manifestó su rechazo y anunció que realizará una presentación personal ante el Consejo de la Magistratura porteño para que se analice el desempeño de la magistrada. El funcionario sostuvo que la jueza cuestionó una norma sancionada por el Congreso y planteó que corresponde determinar si su actuación se ajustó a sus obligaciones como magistrada.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también anunció que promoverá un juicio político contra De Marinis. Su postura se sumó a las críticas que distintos dirigentes realizaron contra la resolución judicial.

La discusión se produce en el marco de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual determinados adolescentes pueden quedar alcanzados por el sistema penal. La normativa contempla diferentes medidas y establece que la privación de la libertad debe ser utilizada bajo determinadas condiciones y en establecimientos especializados.

Mientras el oficialismo porteño defiende la aplicación de la nueva legislación, el fallo de De Marinis plantea un cuestionamiento constitucional respecto de su aplicación a menores de 16 años. El debate continuará ahora por la vía judicial, mientras avanzan los pedidos impulsados contra la magistrada.