Confirmaron el procesamiento de Spagnuolo en la Causa ANDIS, por presuntas coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos
La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la medida contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y otras 18 personas acusadas de integrar una estructura para el cobro de retornos y sobreprecios en contrataciones públicas. La resolución judicial confirmó además embargos millonarios y dejó a los imputados a un paso del juicio oral por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta.
El tribunal resolvió desestimar las peticiones presentadas por los abogados defensores para lograr la anulación del expediente y confirmó los cargos por cohecho, asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
Un esquema de direccionamiento y pago de retornos
La decisión de la Justicia convalidó la hipótesis vinculada al funcionamiento de una red enfocada en beneficiar de forma indebida a determinadas droguerías en las licitaciones para adquirir suministros médicos de elevado costo.
La modalidad delictiva contemplaba la simulación de concursos de precios para direccionar las adjudicaciones hacia un grupo cerrado de empresas a cambio del cobro de coimas.
Entre las personas cuyos procesamientos fueron confirmados por la alzada se encuentran Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados junto a Diego Spagnuolo como presuntos líderes de la organización. Las actuaciones judiciales, iniciadas tras la difusión de grabaciones sobre el mecanismo de coimas, continúan su curso de instrucción en el juzgado que subroga el magistrado Ariel Lijo.
Rechazo a las nulidades presentadas por la defensa
La resolución firmada por la alzada rechazó los planteos de nulidad promovidos por la representación legal del exdirector, los cuales buscaban dejar sin efecto la investigación alegando anomalías en las escuchas que dieron origen al caso. Sobre este punto, los jueces determinaron la existencia de elementos probatorios independientes para sostener la continuidad de la causa penal.
Entre los elementos probatorios evaluados dentro del expediente figuran actas de reuniones presenciales, inconsistencias en las propuestas económicas de las firmas proveedoras y el secuestro de material relacionado al manejo de dinero en efectivo. Esta determinación ubica a los imputados a las puertas del juicio oral y público.
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