Denuncian una sistemática red de persecución policial y censura previa contra empresas de vía pública en Tucumán

Una profunda preocupación e indignación atraviesa al sector de la publicidad en vía pública en la provincia de Tucumán, luego de que empresas y trabajadores formalizaran denuncias por operativos de amedrentamiento, retenciones ilegales e interrogatorios arbitrarios llevados a cabo por efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales durante los últimos dos meses.

Según los reportes elevados por las firmas afectadas, la modalidad represiva no distingue entre la colocación de cartelería publicitaria comercial de marcas privadas y la fijación de afiches con mensajes de carácter político, condicionando de manera directa el libre ejercicio de la actividad económica y la libertad de expresión en la vía pública.

El hecho de mayor gravedad institucional se produjo tras la entrega del informe de un operario dedicado al pegado de carteles, quien al finalizar su recorrido habitual fue interceptado por personal perteneciente a la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial. Bajo la excusa de realizar un control de rutina, verificación dominial del vehículo y averiguación de antecedentes, los efectivos aislaron al trabajador y le exigieron de manera imperativa mantener su teléfono celular dentro del rodado, impidiéndole tomar contacto con sus empleadores o asesoría legal.

Lejos de circunscribirse a la identificación personal del conductor o la documentación del vehículo, la intervención derivó en un exhaustivo e intimidatorio interrogatorio sobre el funcionamiento interno del rubro. Los agentes indagaron minuciosamente sobre las direcciones operativas de las empresas, el origen y los proveedores del material impreso, la nómina de trabajadores registrados y el listado de clientes que contratan el servicio de difusión.

El desenlace del procedimiento confirmó la naturaleza coercitiva del operativo: al momento de autorizar su retirada, los efectivos le impartieron al operario la “recomendación” explícita de no volver a realizar fijaciones de contenido político en la vía pública.

Ante la repetición sostenida de estos episodios a lo largo de los últimos 60 días, las empresas y agrupaciones del sector solicitaron la urgente intervención de los organismos de derechos humanos, la justicia provincial y los medios periodísticos locales con el objetivo de visibilizar la situación, frenar el hostigamiento a los trabajadores y garantizar la plena vigencia de los derechos laborales y constitucionales en Tucumán.