España prohíbe mantener a las mascotas atadas de forma permanente y establece nuevas reglas para su cuidado
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España prohíbe mantener a las mascotas atadas de forma permanente y establece nuevas reglas para su cuidado

España prohíbe mantener a las mascotas atadas de forma permanente y establece nuevas reglas para su cuidado

España cuenta con una legislación de bienestar animal que establece límites a las condiciones en las que pueden vivir los animales de compañía. La Ley 7/2023 busca garantizar su bienestar y promover una tenencia responsable, con restricciones sobre el confinamiento, el aislamiento y los espacios en los que pueden permanecer habitualmente.

Entre sus disposiciones, la normativa prohíbe mantener a los animales de compañía atados o deambulando por espacios públicos sin supervisión, así como utilizar dispositivos que les impidan o limiten su movimiento de forma permanente. Las situaciones justificadas por razones veterinarias deben evaluarse de acuerdo con las condiciones previstas por la legislación.

La ley también establece límites al tiempo que determinados animales pueden permanecer sin supervisión. En el caso de los perros, fija un máximo general de 24 horas consecutivas sin la compañía o supervisión de una persona responsable. Para otros animales, como los gatos, contempla condiciones específicas de cuidado.

Además, la normativa prohíbe mantener habitualmente a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y vehículos, cuando estas condiciones impliquen que vivan confinados en esos espacios.

El objetivo es evitar situaciones que puedan comprometer la salud física y emocional de los animales, garantizando condiciones adecuadas de alimentación, espacio, atención y protección.

La legislación española reabre el debate sobre la responsabilidad de las personas que tienen mascotas y sobre la necesidad de establecer normas que prevengan el abandono, el aislamiento prolongado y otras formas de maltrato.

En Argentina, el cuidado y la protección de los animales también forman parte de la discusión pública. La experiencia de otros países plantea una pregunta: ¿deberían incorporarse medidas similares a la legislación argentina para reforzar el bienestar de perros y gatos?

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