Avanza la reforma de la Ley de Salud Mental: buscan flexibilizar los requisitos para intervenir en casos graves

El Poder Ejecutivo impulsa modificaciones sustanciales en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, con la finalidad de otorgar mayores herramientas de intervención a los equipos de salud y a las familias ante situaciones de crisis agudas o consumos problemáticos severos. La iniciativa apunta a revisar los actuales estándares que regulan la internación involuntaria, eliminando trabas judiciales y administrativas que, según sostienen los impulsores del cambio, dificultan la asistencia oportuna.

La normativa vigente exige una serie de dictámenes y requerimientos de riesgo cierto e inminente altamente restrictivos para autorizar el ingreso de un paciente a un centro de salud sin su consentimiento explícito. Con las modificaciones planteadas, se busca ampliar las atribuciones del personal médico especializado para determinar la conveniencia de la internación cuando se verifique un deterioro grave de la salud del individuo o una incapacidad manifiesta para evaluar los riesgos de su condición.

El avance del proyecto genera opiniones encontradas en la comunidad médica y legal. Por un lado, asociaciones de familiares de personas con adicciones y padecimientos mentales celebran la flexibilización de los trámites al considerarla una respuesta necesaria para salvar vidas; por el otro, diversos colectivos profesionales y organismos de derechos humanos enfatizan la importancia de garantizar que las reformas no deriven en prácticas manicomiales o violaciones a la autonomía de los usuarios.

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