El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes 23 de octubre en los tribunales federales de Comodoro Py. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, están entre los 19 acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas con negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia.

La primera audiencia se desarrolló con la participación virtual de los imputados, conectados por Zoom, mientras los abogados defensores estuvieron presentes en la sala. El Tribunal Oral Federal N.º 5 está a cargo del proceso, que busca determinar si determinadas operaciones comerciales fueron utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio familiar.

Durante la jornada inicial comenzó la lectura de las acusaciones, en las que se detallan las presuntas maniobras investigadas y las responsabilidades que la Fiscalía atribuye a cada uno de los acusados.

Para Cristina Kirchner, se trata de un nuevo capítulo judicial en las investigaciones por presunta corrupción. En el caso de Máximo Kirchner, es su primer juicio oral de estas características.

Qué se investiga en las causas

El expediente Hotesur analiza las operaciones vinculadas con hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz, entre ellos el Alto Calafate. La investigación pone el foco en los contratos de administración y explotación de esos establecimientos y en los pagos realizados por empresas vinculadas con el empresario Lázaro Báez.

Por su parte, la causa Los Sauces examina los negocios inmobiliarios de la sociedad de la familia, que recibió pagos por el alquiler de propiedades. Entre las operaciones bajo análisis aparecen vínculos comerciales con empresas relacionadas con Báez y con los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, del Grupo Indalo.

La hipótesis de la acusación sostiene que esos negocios podrían haber servido para introducir en el patrimonio de la familia dinero proveniente de actividades ilícitas. Los fiscales deberán demostrar durante el debate si las operaciones formaron parte de un mecanismo de lavado de activos.

Las defensas, en cambio, sostienen que se trató de negocios legítimos y cuestionan la interpretación de los investigadores. La existencia de contratos y pagos comerciales no determina por sí sola la comisión de un delito: esa es una de las cuestiones centrales que deberá resolver el tribunal.

Cómo continuará el juicio

El proceso está a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La acusación estará representada por el Ministerio Público Fiscal, mientras que la Unidad de Información Financiera también participa como querellante.

La autorización para que los acusados siguieran de manera virtual la audiencia inicial respondió a las particularidades de esta primera jornada. La modalidad no implica que todo el juicio vaya a desarrollarse por videoconferencia: las próximas audiencias están previstas de manera presencial, salvo autorizaciones particulares.

El cronograma contempla tres jornadas semanales, con el objetivo de avanzar en la lectura de las acusaciones y luego continuar con las distintas etapas del debate.

El juicio deberá establecer si existieron maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita, y determinar las eventuales responsabilidades penales de los imputados. Hasta que haya una decisión judicial, las acusaciones constituyen hipótesis que deben ser probadas en el proceso.