Intiman a YPF y President Petroleum a presentar un plan para cerrar el pozo de Lomas de Olmedo

La Justicia de San Ramón de la Nueva Orán intimó a YPF S.A. y President Petroleum S.A. a presentar, en un plazo de diez días hábiles, un plan para el cierre definitivo del pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, ubicado en Puesto Guardián, y medidas destinadas a contener la contaminación existente en el lugar.

La resolución fue dictada a partir de un pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, ante el riesgo de que las sustancias presentes en la zona puedan extenderse hacia terrenos destinados a actividades agrícolas y ganaderas, especialmente con la llegada de mayores precipitaciones.

La medida cautelar ambiental fue notificada el 23 de octubre y tiene carácter urgente, preventivo y provisorio. El juez Ramiro Morizzio hizo lugar al pedido de protección socioambiental formulado por la Fiscalía, sustentado en las pericias y constataciones realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los informes incorporados a la causa advierten sobre la continuidad de la afectación ambiental, además de la persistencia de emanaciones de gases que debieron ser controladas y la presencia de una sustancia depositada en la superficie, en inmediaciones del pozo.

La resolución alcanza a las empresas vinculadas con la cadena de concesión y explotación del pozo y también contempla la intervención de organismos provinciales. YPF y President Petroleum ya fueron intimadas, mientras que otras firmas vinculadas con la explotación permanecen pendientes de notificación.

El documento deberá incluir una metodología de intervención, medidas de seguridad, mecanismos para impedir nuevas surgencias, un cronograma de ejecución y procedimientos de monitoreo y control posteriores.

Además, las empresas deberán presentar un Plan de Contingencia y Contención destinado a evitar que la sustancia actualmente presente en la superficie pueda propagarse. 

La medida establece que estas acciones deberán ser afrontadas solidariamente por las empresas involucradas, junto con la intervención de las secretarías de Ambiente y de Minería y Energía de la Provincia de Salta a través de sus organismos técnicos.

La resolución aclaró, de todos modos, que las medidas adoptadas no constituyen una definición definitiva sobre la responsabilidad de cada empresa, sino una intervención preventiva destinada a neutralizar el riesgo ambiental mientras continúa el proceso.

El antecedente

El caso del pozo Loma de Olmedo X-10 tiene además un antecedente que ya fue abordado por El Tribuno: las intervenciones necesarias para controlar las fugas y sellar definitivamente el pozo podrían demandar una inversión del orden de los 15 millones de dólares.

Según fuentes citadas anteriormente por este medio, el trabajo requeriría equipos especiales y la perforación de al menos un pozo de alivio, una intervención destinada a interceptar las fugas, aplicar técnicas de sellado y controlar los derrames.

En ese escenario, una de las principales discusiones es quién debe asumir el costo del cierre y la remediación. En una resolución anterior, el juez Morizzio había señalado que los gastos debían ser afrontados por la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros.

La discusión adquiere mayor complejidad por la extensa cadena de empresas que tuvieron participación en la explotación del área. El pozo fue perforado originalmente por YPF en la década de 1980 y posteriormente quedó vinculado a distintas empresas que fueron asumiendo la operación del área y sus obligaciones.

Años bajo investigación

Los antecedentes publicados por El Tribuno señalan que los primeros derrames vinculados con el pozo LO-x10 comenzaron a hacerse notorios en agosto de 2023. Productores de la zona denunciaron afectaciones sobre suelos, aguas, vegetación y animales.

Uno de ellos, Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca El Estanque, sostuvo que había denunciado los derrames desde agosto de ese año y atribuyó al episodio la muerte de ganado y otros animales, además de daños sobre la vegetación.

El caso MdT-14, el antecedente judicial

El caso de Loma de Olmedo también tiene un antecedente particularmente relevante en el pozo MdT-14, ubicado en el yacimiento Martínez de Tineo.

Aquel pozo comenzó a generar denuncias por derrames en 2006 y durante años se sucedieron distintos intentos para controlar las fugas. Entre 2010 y 2012 se realizaron más de una docena de intervenciones, con equipos especiales trasladados desde el sur del país.

Las operaciones se realizaron sobre profundidades de entre 2.000 y 2.500 metros y demandaron millones de dólares hasta lograr detener las erupciones de petróleo mezclado con agua y gases que afectaban los suelos, cursos superficiales, flora, fauna y ganado de establecimientos vecinos.

La entonces operadora del área, Petrolera San José, accionó judicialmente contra YPF al sostener que la empresa le había transferido aquel pozo. Finalmente, la Justicia Federal determinó que YPF debía ejecutar el plan de abandono, en cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de la concesión.

El pozo MdT-14 fue finalmente sellado en 2012, después de seis años de derrames y dos años de intervenciones.

La situación financiera de President Petroleum

Otro de los interrogantes que aparece en el caso Loma de Olmedo está relacionado con la situación económica de President Petroleum, una de las empresas actualmente intimadas.

La compañía se presentó en concurso en octubre de 2024 con una deuda declarada de 61,3 millones de dólares, de los cuales 48 millones correspondían a vencimientos de corto plazo.

La empresa también había informado un flujo de caja negativo de 9 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2024 y una caída del 20% en su producción petrolera respecto del año anterior.