Crimen de Érika Álvarez: la defensa de “El Militar” cuestiona las pericias y niega que haya cometido el femicidio

El juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez comenzó en Tucumán con dos versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Mientras la Fiscalía sostiene que Felipe “El Militar” Sosa asesinó a la joven y pidió que sea condenado a prisión perpetua, su defensa busca poner en duda las pruebas médicas y sostiene que el acusado no fue quien le provocó la muerte.

La estrategia defensiva se conoció durante la primera audiencia del debate oral, en la que también se expusieron los argumentos de los abogados de Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz, imputados por presunto encubrimiento. Para ambos, el fiscal Pedro Gallo solicitó seis años de prisión.

El proceso busca esclarecer qué sucedió durante la madrugada del 7 de enero, cuando Érika, de 25 años, murió en una vivienda de Yerba Buena. La investigación fiscal sostiene que fue atacada a golpes y que, posteriormente, su cuerpo fue trasladado hasta un descampado de Manantial Sur.

La defensa apunta a las diferencias entre los informes médicos

Los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores centrarán su planteo en las conclusiones de las pericias forenses. Según adelantaron ante el tribunal, los médicos que intervinieron en el caso no habrían coincidido plenamente en sus evaluaciones, una circunstancia que consideran relevante para discutir la acusación.

La defensa no niega que Érika haya muerto en la casa de Sosa, pero rechaza que él haya sido el autor del crimen. También planteó la necesidad de profundizar una posible relación de la víctima con una persona vinculada al narcotráfico, una hipótesis que, según los letrados, no habría sido investigada suficientemente.

En su explicación sobre lo ocurrido después de la muerte, los abogados sostienen que Sosa habría actuado por temor a posibles represalias y que esa reacción derivó en el ocultamiento del cuerpo. Se trata de la versión que intentarán sostener durante el juicio y que deberá ser contrastada con las pruebas.

Qué sostiene la Fiscalía

La acusación mantiene que Sosa mató a Érika durante la madrugada del 7 de enero y luego se deshizo del cuerpo para ocultar el hecho. El fiscal Gallo considera que los testimonios, las pericias y el resto de los elementos reunidos durante la investigación permitirán demostrar su responsabilidad.

Por ese motivo, pidió la pena de prisión perpetua por femicidio. La querella, que representa a los padres de la joven, respaldó la hipótesis fiscal y sostuvo que existen pruebas suficientes para acreditar el crimen.

La Fiscalía también atribuye a Gordillo y Díaz distintas acciones destinadas a eliminar rastros y dificultar el esclarecimiento del caso. Para ambos solicitó seis años de cárcel por encubrimiento, aunque sus defensas rechazaron las acusaciones.

Los otros dos acusados también rechazan los cargos

Gordillo, expareja de Sosa y empleada judicial, está acusada de haber colaborado en maniobras posteriores al crimen. Sus abogados sostienen que los movimientos que realizó en la vivienda ocurrieron cuando, según la propia reconstrucción fiscal, el cuerpo ya había sido abandonado.

También cuestionan que se interpreten como parte de un plan de fuga un viaje que, aseguran, estaba organizado con anterioridad, y determinadas operaciones económicas que la acusación considera sospechosas.

En el caso de Díaz, su defensor afirma que el hombre se presentó en la propiedad por cuestiones laborales y que sus acciones respondieron a instrucciones de su empleador. La Fiscalía, en cambio, sostiene que colaboró en el ocultamiento de pruebas y en otras maniobras destinadas a encubrir lo ocurrido.

Otro involucrado en la causa, Nicolás Navarro Flores, ya recibió una condena de tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.

Un debate centrado en las pruebas

Las próximas audiencias serán determinantes para contrastar las hipótesis de la acusación y las defensas. El tribunal deberá evaluar los informes médicos, los testimonios y las demás evidencias antes de establecer las responsabilidades penales.

El juicio tiene previsto extenderse hasta el 11 de diciembre. Hasta que se conozca una sentencia, la responsabilidad de los acusados deberá determinarse a partir de las pruebas presentadas durante el debate.