Polonia, en crisis: dos bandos se disputan el control del máximo tribunal y el presidente vuelve de urgencia al país
El viernes 30 de octubre de 2026, una jueza elegida por el Parlamento suspendió al presidente del Tribunal Constitucional polaco, que lo calificó de «golpe de Estado»; la Policía rodeó el edificio y el presidente Karol Nawrocki interrumpió un viaje a Senegal para regresar. Hay dos versiones opuestas sobre quién tiene derecho a dirigir el tribunal.
Alrededor de las seis de la tarde del viernes 30 de octubre, la página web del Tribunal Constitucional de Polonia (el organismo que decide si las leyes respetan la Constitución) publicó un anuncio: su presidente, Bogdan ÅšwiÄ™czkowski, y su vicepresidente, BartÅ‚omiej SochaÅ„ski, quedaban suspendidos por un mes, y la jueza Anna Korwin-Piotrowska pasaba a dirigir la institución. La propia jueza explicó que actuaba en reemplazo del presidente por ser la más antigua del cuerpo y que la medida era necesaria para restaurar el estado de derecho (que las instituciones se rijan por la ley).
El tribunal respondió en su cuenta de X (antiguamente conocida como Twitter) que su sitio web había sido tomado de manera ilegal, que ÅšwiÄ™czkowski seguía siendo el presidente, que Korwin-Piotrowska «no es magistrada del Tribunal Constitucional» y que quienes participaban en la maniobra cometían «el delito de golpe de Estado». Según medios que cubrieron el episodio, a ÅšwiÄ™czkowski y a SochaÅ„ski les impidieron entrar a la sede.

Frente al edificio, en la avenida Szucha de Varsovia, se reunieron cientos de manifestantes, entre ellos dirigentes del partido opositor Ley y Justicia (PiS, de derecha nacionalista), como JarosÅ‚aw KaczyÅ„ski y el ex primer ministro Mateusz Morawiecki. La Policía desplegó agentes antidisturbios y dijo que recibió una carta de una jueza del tribunal que advertía sobre posibles amenazas para jueces y empleados. Afirmó que su actuación se limitó al exterior, que no tomó acciones contra los guardias del tribunal y que detuvo a tres personas que saltaron la valla; añadió que los manifestantes arrojaron objetos a los agentes. Algunos medios hablan de que la Policía «entró» en el recinto; la Policía sostiene que no ingresó al edificio, de modo que ese punto sigue en disputa.
El presidente Nawrocki, que viajaba a Senegal para reunirse con su par y con representantes de la Unión Africana, dio la vuelta en pleno vuelo. Escribió que «en un momento como este, el presidente debe estar en Polonia». Aterrizó de noche, se reunió en el Palacio Presidencial con ÅšwiÄ™czkowski y con el presidente de la Corte Suprema, Zbigniew KapiÅ„ski, y hacia la una de la madrugada del sábado entró en el tribunal. Videos difundidos por uno de los jueces elegidos por el Parlamento lo muestran discutiendo con Korwin-Piotrowska. «Somos jueces del Tribunal Constitucional», le dijo ella; «ustedes no son jueces del Tribunal Constitucional», respondió él. Salió cerca de las cinco. Horas más tarde afirmó que se había «violado el orden constitucional» y que un órgano del Estado había sido «tomado por la fuerza», y convocó a consultas urgentes con los partidos.

El primer ministro, Donald Tusk, solo escribió en X que «restaurar el estado de derecho es nuestro deber». El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Å»urek, anunció que pidió levantar la inmunidad (la protección legal que impide procesar a ciertos funcionarios) de ÅšwiÄ™czkowski y de SochaÅ„ski. El gobierno sostiene que ÅšwiÄ™czkowski violó la ley reiteradamente y puso en riesgo el trabajo del tribunal.
Para entender el choque hay que empezar por cómo se arma el tribunal. Tiene 15 jueces con un mandato único de nueve años. Los elige el Sejm (la cámara baja del Parlamento) y, para empezar a trabajar, deben prestar juramento ante el presidente de la República. Ese trámite, que debía ser formal, se convirtió en un arma: si el presidente se niega a tomarlo, el juez elegido no puede ejercer, según la lectura de Nawrocki.
El conflicto viene de 2015, cuando el PiS llegó al poder y reformó el sistema judicial. Sus críticos, entre ellos la Unión Europea, dijeron que dejó el Tribunal Constitucional cerca del poder político; en 2016 colocó al frente a Julia Przyłębska, y el tribunal falló con frecuencia a favor de las leyes polacas por encima del derecho europeo. Cuando Tusk volvió al gobierno, en diciembre de 2023, prometió revertir esos cambios y terminar la disputa con Bruselas. Su gobierno no reconoce al tribunal heredado. En diciembre de 2024, ÅšwiÄ™czkowski, un fiscal ligado al PiS, asumió la presidencia del tribunal; semanas más tarde presentó una denuncia en la que acusó a Tusk y a sus aliados de formar un «grupo criminal organizado» que intentaba un golpe, y la Fiscalía abrió una investigación. Tusk lo minimizó con ironía. Según un repaso del instituto de estudios judiciales de la Universidad de Wisconsin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 18 de diciembre de 2025 que el tribunal polaco no puede considerarse independiente ni imparcial.
En agosto de 2025 asumió Nawrocki, independiente respaldado por el PiS. Desde entonces se rehusó a nombrar a 46 jueces propuestos por el gobierno para tribunales comunes y amenazó con no designar a ninguno durante su mandato de cinco años. En 2026 el Sejm eligió a ocho jueces para el Constitucional, entre ellos Korwin-Piotrowska, en marzo. Según TVP World, Nawrocki tomó juramento solo a tres; cuando el presidente rechazó a uno, Maciej Berek, este juró en el Parlamento. Según Al Jazeera, ÅšwiÄ™czkowski impidió que cinco de los jueces nuevos empezaran a trabajar. Dos versiones difieren sobre el total de jueces rechazados (algunos medios hablan de «tres de seis» y otros de cinco de ocho), pero coinciden en lo central: hay jueces elegidos por el Parlamento a los que el presidente no tomó juramento y el presidente del tribunal no deja trabajar.
Importa más allá de Polonia: es un país de unos 37 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, fronterizo con Ucrania. Si dos grupos de jueces reclaman ser el tribunal legítimo, se vuelve incierto qué leyes valen y qué fallos hay que cumplir, y eso afecta a empresas, a tribunales inferiores y a la relación del país con Bruselas.

También hay objeciones jurídicas de ambos lados. Marcin Matczak, un constitucionalista crítico de las reformas del PiS, cuestionó la orden de suspensión: la ley que la sustenta rige para tribunales ordinarios y la supervisión del ministro de Justicia no alcanza al Constitucional; además señaló que la jueza solo puede reemplazar al presidente en caso de «imposibilidad» de este, y que fue su propia orden la que creó esa imposibilidad. Del otro lado, el gobierno afirma que el bloqueo a los jueces elegidos es ilegal. En el texto que me compartiste, el ex presidente Andrzej Duda culpa a Tusk de demorar a propósito las vacantes, y Morawiecki sostiene que la crisis es real pero que este no es el modo de resolverla; no pude confirmar de manera independiente esas declaraciones, que se atribuyen a esos políticos.
Qué puede pasar ahora
Primero, la ronda de consultas del sábado 31. Participan Polonia 2050, de Szymon HoÅ‚ownia, que dijo que lo ocurrido «avergüenza a Polonia», y el Partido Popular (PSL), de WÅ‚adysÅ‚aw Kosiniak-Kamysz, vicepresidente del gobierno. La Izquierda (Lewica), también socia de Tusk, anunció que no iría, y la coalición cívica de Tusk, según informes, tampoco. Un acuerdo parece posible solo si el presidente toma juramento a los jueces pendientes y ÅšwiÄ™czkowski los deja trabajar, y eso exigiría concesiones de ambos lados.
Segundo, un empate prolongado. La suspensión dura un mes, hasta fines de noviembre, y entretanto podrían funcionar dos autoridades: la de ÅšwiÄ™czkowski, reconocida por el presidente y por la Corte Suprema, y la de Korwin-Piotrowska, apoyada por el gobierno. Cada fallo emitido por una de ellas podría ser cuestionado por la otra, y funcionarios y tribunales tendrían que decidir a quién obedecer.
Tercero, una escalada judicial y política: la decisión sobre la inmunidad de ÅšwiÄ™czkowski y de SochaÅ„ski, eventuales procesos penales en su contra, nuevas denuncias de «golpe» en sentido inverso y más movilizaciones. En las fuentes revisadas no figura aún una postura oficial de la Comisión Europea. Una intervención de Bruselas o del Consejo de Europa podría aumentar la presión sobre el gobierno de Tusk, que gana si se cierra la disputa con la UE y pierde si se lo acusa de usar a la Policía en un conflicto constitucional, como señaló KapiÅ„ski.
Lo cierto hasta ahora es poco: hubo una suspensión anunciada, un tribunal que la desconoce, un despliegue policial y un presidente de regreso a Varsovia. Lo que viene depende de si alguna de las partes acepta que no puede ganar por la fuerza.
Redactado por Ignacio Stankewitsch para Diario Crónica

