Tras la amenaza, frenan el recorte de servicios de Saeta

El Gobierno provincial aseguró que hoy martes habrá un servicio normal de colectivos en el área metropolitana y frenó así la reducción de frecuencias anunciada por las empresas de los corredores 1 al 8. Sin embargo, detrás de esa garantía quedaron preguntas sin responder: cómo se sostendrá la circulación de las unidades y si se pagará la deuda que las prestatarias reclaman a Saeta por septiembre y octubre.

El Tribuno intentó comunicarse con distintas fuentes para conocer qué gestiones permitieron desactivar la medida y en qué condiciones se mantendría la prestación. Hubo silencio. Los empresarios consultados tampoco tenían más información sobre cómo se resolvería la falta de recursos que, horas antes, habían señalado como impedimento para seguir comprando combustible.

La amenaza de recorte había sido planteada en un comunicado difundido este lunes. Las operadoras aseguraron que ya no podían continuar abasteciendo de gasoil a sus flotas y atribuyeron esa situación al atraso de Saeta en los pagos. Según sostuvieron, la ruptura de la cadena de pagos agotó también su capacidad de crédito para adquirir combustible e insumos.

Las empresas no precisaron qué porcentaje de las frecuencias reducirían ni cuáles serían los horarios afectados. Pero advirtieron que se trataba de una medida de último recurso para evitar una paralización total del sistema.

La primera respuesta de Saeta fue rechazar el anuncio. Desde la compañía anticiparon a El Tribuno que consideraban “ilegal” la reducción y que preparaban una comunicación formal a las prestatarias. No dieron detalles sobre los pagos reclamados ni sobre las acciones que adoptarían si las empresas avanzaban con el recorte.

Luego llegó la garantía del Gobierno de que los colectivos circularían con normalidad. Lo que no se informó fue si habría una transferencia de fondos, un cronograma de pagos u otra alternativa.

Crisis repetida

El conflicto tiene una historia reciente que ayuda a entender el alcance de la nueva advertencia.

El 28 de mayo, las subconcesionarias alertaron que se les adeudaba más del 60% de los certificados de abril. Días después, el problema llegó a los usuarios: desde el 1 de junio se suspendió la circulación entre las 23.30 y las 5.30. Desde Saeta, Claudio Juri, había señalado que el sistema tenía un déficit mensual de entre $3.000 millones y $4.000 millones. La crisis provocó reclamos estudiantiles y cuestionamientos en la Legislatura. Un acuerdo del 3 de junio permitió normalizar el servicio.

Reclamos, intimaciones y pagos pendientes

En agosto, las operadoras volvieron a denunciar dificultades financieras. El día 20 señalaron que la deuda acumulada rondaba los $14.000 millones y reclamaron la transferencia de $6.000 millones que, según sostuvieron, habían sido comprometidos por la Provincia mediante una reasignación presupuestaria. Una semana después, afirmaron que continuaba pendiente la totalidad del pago por los servicios de julio.

A comienzos de septiembre, las prestatarias advirtieron que sus reservas de combustible alcanzarían para aproximadamente seis días. Saeta respondió con una intimación para garantizar la continuidad de las prestaciones, bajo advertencia de aplicar las cláusulas contractuales sobre extinción del servicio. También informó que gestionaba asistencia financiera extraordinaria ante la Provincia. La tensión continuó con un reclamo empresarial que fijó el 24 de septiembre como fecha límite para suspender los servicios diurnos y nocturnos si no se cancelaban la certificación de agosto y el combustible de septiembre.

Tras el pago de la deuda de julio, realizado el 22 de septiembre, las partes mantuvieron una reunión. El 24, Saeta presentó una propuesta de pago para combustible y las empresas postergaron las medidas.