Tras la crisis de Saeta, Nación aumenta los subsidios al AMBA y Sáenz salió al cruce

Mientras en Salta las empresas de colectivos atraviesan dificultades para sostener el servicio y reclaman el pago de fondos adeudados, el Gobierno nacional oficializó una actualización de las compensaciones destinadas a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida fue oficializada mediante la Resolución 80/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece una nueva estructura de costos para las 104 líneas de jurisdicción nacional que operan en el AMBA y fija las compensaciones que recibirán las empresas entre octubre de 2026 y enero de 2027.

El esquema implica, además, un incremento de entre 10% y 15% en los subsidios a partir de noviembre, luego del acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias del sector.

La decisión generó una fuerte reacción del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien cuestionó que mientras las provincias del interior afrontan con recursos propios el sostenimiento del transporte, Nación destine nuevas compensaciones al sistema porteño y bonaerense.

Sáenz: “No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo”

A través de sus redes sociales, el mandatario salteño sostuvo que la decisión del Gobierno nacional profundiza las diferencias entre el AMBA y las provincias del interior.

“Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio”, expresó Sáenz.

El gobernador puso el foco en los usuarios que dependen diariamente del transporte público y cuestionó la distribución de los recursos nacionales.

“Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa”, afirmó.

En ese sentido, consideró que existe una contradicción entre el discurso de austeridad fiscal y la decisión de incrementar las compensaciones al transporte metropolitano.

“No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros. ¿Hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda?”, planteó.

Sáenz recordó además que, desde la eliminación de los subsidios nacionales al transporte urbano del interior, la Provincia de Salta asumió parte del esfuerzo para sostener el servicio y contener el impacto sobre los usuarios.

“No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando igualdad de oportunidades y una distribución justa de los recursos”, sostuvo.

Y cerró su mensaje con un reclamo por el federalismo: “El federalismo no se declama, se demuestra con hechos”.

La crisis de Saeta

La reacción del gobernador se produjo después de que el sistema de transporte del área metropolitana de Salta atravesara nuevamente una situación crítica.

Las empresas prestatarias de los corredores 1 al 8 habían anunciado que reducirían las frecuencias debido a las dificultades para continuar abasteciendo las unidades con gasoil. Las compañías atribuyeron el problema a atrasos en los pagos de Saeta correspondientes a septiembre y octubre y señalaron que la situación había agotado su capacidad de crédito.

La medida finalmente quedó desactivada luego de que el Gobierno provincial asegurara que los colectivos circularían con normalidad, aunque no se informaron públicamente los mecanismos utilizados para garantizar el abastecimiento ni cómo se resolverían los pagos reclamados por las empresas.

La situación no fue nueva. Durante el año ya se habían registrado otros episodios de tensión por las dificultades financieras de las prestatarias.

En mayo, las empresas habían advertido que se les adeudaba más del 60% de los certificados correspondientes a abril. El conflicto derivó en junio en la suspensión de los servicios nocturnos entre las 23.30 y las 5.30, medida que fue levantada tras un acuerdo.

En agosto, las operadoras denunciaron que la deuda acumulada rondaba los $14.000 millones y reclamaron fondos comprometidos por la Provincia. En septiembre volvieron a advertir sobre la falta de combustible y llegaron a fijar plazos para una eventual suspensión de los servicios.

Cuánto destinará Nación al transporte del AMBA

La nueva resolución establece la estructura de costos para los colectivos de jurisdicción nacional y contempla distintos componentes, entre ellos salarios, gasoil, GNC, seguros, vigilancia y mantenimiento de las unidades.

También incorpora por primera vez en la metodología de cálculo los costos vinculados con la transición hacia colectivos a GNC y eléctricos. El esquema contempla la amortización de las inversiones necesarias para instalar estaciones de carga y recarga, además del costo financiero asociado a la compra o reconversión de unidades.

El Gobierno nacional justificó este cambio en la necesidad de calcular el costo total por kilómetro de cada tecnología, considerando no solamente el precio de la energía sino también el rendimiento, mantenimiento e infraestructura requerida.

Las compensaciones serán financiadas mediante recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y partidas presupuestarias transferidas al fideicomiso administrado por el Banco Nación.

La resolución también establece que el financiamiento del esquema corresponde a la Nación, eliminando un desglose anterior que detallaba aportes por jurisdicción.