Desalojos: 318 causas iniciadas, ¿pero cuántas tienen resolución?
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Desalojos: 318 causas iniciadas, ¿pero cuántas tienen resolución?


La información estadística disponible permite conocer cuántos reclamos ingresaron a la Justicia por usurpaciones por problemas similares, pero no qué respuesta tuvieron. Entre el 1 de enero y el 6 de noviembre de 2026 se iniciaron 318 causas de desalojo, según datos de la Sindicatura Interna del Poder Judicial de Salta. Ese número ya superaba las 297 registradas durante todo 2025 y las 275 de 2024.

Hasta el 24 de julio se contabilizaban 199 demandas. En los 105 días siguientes ingresaron otras 119. El distrito Centro concentraba 265 de las 318 causas de 2026, el 83,3%, mientras que el interior reunía 53.

Esos datos corresponden a ingresos de expedientes. No son cifras de desalojos ejecutados, sentencias dictadas ni procesos concluidos.

El Tribuno consultó por los fallos y las sentencias. Desde el Poder Judicial explicaron que la estadística suministrada no muestra cuántas causas terminan porque los procesos no necesariamente concluyen dentro del mismo período en el que ingresan. Señalaron que un juicio puede extenderse más allá del lapso relevado y que la información proporcionada registra únicamente las causas iniciadas.

Que los juicios atraviesen distintos períodos explica por qué no deben compararse directamente los ingresos y las conclusiones de un mismo año.

Los reclamos por las demoras

Los testimonios describen una Justicia que, para los afectados, no actúa con la urgencia que requiere la privación de un inmueble. Hay decisiones, apelaciones y medidas en trámite, pero también meses y años de espera durante los cuales los propietarios deben seguir pagando.

El Ejecutivo tampoco queda fuera de los cuestionamientos. La fuente consultada por Cafayate sostuvo que las autoridades pudieron impulsar una mesa de negociación y denunció complicidad política con las ocupaciones.

Eso no elimina la responsabilidad de las autoridades. Prevenir conflictos, coordinar organismos y promover soluciones legales son tareas distintas de resolver un juicio. La independencia judicial no impide esas acciones ni libera al Ejecutivo de explicar qué hizo ante disputas que se prolongaron durante años.

Los derechos comunitarios y los de quienes reclaman un inmueble deben examinarse con pruebas y decisiones fundadas. Si corresponde una restitución, el Estado debe hacer cumplir lo resuelto. Si no corresponde, debe establecerlo y explicar por qué. Mantener el conflicto abierto indefinidamente deja a las partes sin una respuesta y permite que los perjuicios se acumulen.

El caso de Las Pailas

En Las Pailas, la orden de desalojo se dictó en 2013 y se ejecutó en 2026. Ese intervalo necesita una explicación que solo puede surgir de las actuaciones: qué recursos se presentaron, qué suspensiones se dispusieron y cuánto demoró cada decisión. Sin esa reconstrucción, las responsabilidades quedan diluidas y los 13 años terminan tratados como si fueran un plazo inevitable.

Los propietarios pueden señalar cuándo comenzaron a reclamar y qué dejaron de hacer con sus inmuebles. Los abogados describen los gastos y las gestiones. Del otro lado, el Estado debe explicar dónde se demoró cada causa y por qué. Después de más de una década de espera, decir que el expediente sigue en trámite ya no alcanza.

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