El Senado convocará a legisladores nacionales
El Senado de Salta avanzará en la convocatoria a legisladores nacionales por la provincia para conformar mesas de trabajo con el objetivo de frenar el impacto de medidas que, según denunciaron distintos sectores, profundizan el ajuste en discapacidad.
La decisión se tomó tras un encuentro entre senadores provinciales y referentes del colectivo de discapacidad, quienes expusieron la crítica situación que atraviesan familias, prestadores y servicios vinculados al sector, en medio del debate por el proyecto de “Ley contra el fraude de las pensiones por invalidez” impulsado por el Ejecutivo nacional.
La reunión fue encabezada por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, junto a los legisladores Enrique Cornejo, Roque Cornejo, Jorge Soto, Dani Nolasco, Diego Cari, Daniel Moreno, Manuel Pailler, Alejandra Navarro y Sergio Saldaño. Por el sector participaron referentes como María Salcedo, Itatí Gordillo, Mara García, María Arce, Sandra Polaco, Irma Argañaraz y Agustina Cantos.
Durante el encuentro, los representantes advirtieron que la iniciativa nacional podría afectar derechos adquiridos hace más de cuatro décadas. Entre los principales cuestionamientos señalaron la posible eliminación del Nomenclador Nacional, lo que habilitaría una desregulación de aranceles por región, y el uso de cruces de datos con organismos nacionales como mecanismo para dar de baja beneficios que incluyen servicios esenciales como farmacia, transporte, escolaridad y alimentación.
Además, expusieron que el sector prestador atraviesa una crisis profunda, con demoras superiores a los 120 días en los pagos y un nivel de desfinanciamiento que dificulta afrontar costos básicos como sueldos y alquileres. En ese contexto, también cuestionaron la falta de implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en 2025, cuya aplicación según denunciaron continúa sin cumplirse pese a intervenciones judiciales.
Por su parte, Roque Cornejo, en sintonía con el oficialismo nacional, sostuvo que las medidas apuntan a corregir irregularidades en el sistema de pensiones, aunque reconoció que también se han visto afectados otros beneficios.
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