El Gobierno argentino presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar detener el avance de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa apunta contra el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes, y busca proteger los derechos soberanos que Argentina reclama sobre la plataforma continental.

La presentación se realizó este martes 13 de octubre, luego de que venciera el plazo de dos semanas que el Gobierno le había dado al Reino Unido para que impidiera el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con el emprendimiento petrolero.

La decisión abre una nueva instancia en la disputa diplomática y jurídica entre ambos países por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de sus recursos naturales. La Argentina sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido vulneran sus derechos sobre la plataforma continental y pueden agravar el conflicto.

Los cuatro reclamos que presentó Argentina

El pedido ante el tribunal internacional incluye cuatro medidas principales destinadas a frenar el avance del proyecto y preservar los intereses argentinos mientras continúa el procedimiento arbitral.

Entre los requerimientos se encuentran:

• Suspender las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.
• Restringir el uso de información obtenida durante las tareas de exploración.
• Adoptar medidas para proteger el medio marino frente a posibles daños.
• Impedir que se otorguen nuevas licencias o permisos para explotar recursos naturales en el área en disputa.

La presentación se enmarca en el procedimiento de arbitraje que Argentina inició el 28 de septiembre, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo de las medidas provisionales es preservar los derechos de las partes y evitar daños graves mientras se tramita la controversia.

¿Qué es el proyecto Sea Lion?

Sea Lion es un emprendimiento de explotación petrolera ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. Está desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

Aunque la producción comercial todavía no comenzó, las empresas avanzaron con la planificación y las inversiones para desarrollar el yacimiento. El cronograma informado por las compañías contempla iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028.

La primera etapa prevé perforaciones submarinas conectadas a una plataforma flotante destinada a la producción, el almacenamiento y la descarga del petróleo.

Una disputa que suma frentes judiciales y diplomáticos

El reclamo ante el Tribunal del Mar se suma a otras medidas impulsadas en Argentina para impedir el avance del emprendimiento. En septiembre, el Juzgado Federal de Río Grande había ordenado a las empresas involucradas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto, en el marco de una acción vinculada con posibles daños ambientales y la soberanía nacional. La aplicación efectiva de esa decisión fuera del territorio argentino presenta dificultades.

Por su parte, el Reino Unido sostiene su posición sobre las islas y defiende el derecho de sus habitantes a decidir su futuro. Las compañías involucradas, en tanto, manifestaron que las acciones argentinas no modificarían sustancialmente sus planes de desarrollo.

Con la presentación internacional, Argentina busca obtener medidas urgentes que detengan el avance del proyecto mientras se resuelve la controversia. La decisión sobre el pedido quedará ahora en manos del organismo internacional.