El oro del Banco Central: pidieron detener a Luis Caputo y Santiago Bausili por presunta administración fraudulenta
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El oro del Banco Central: pidieron detener a Luis Caputo y Santiago Bausili por presunta administración fraudulenta

El oro del Banco Central: pidieron detener a Luis Caputo y Santiago Bausili por presunta administración fraudulenta

El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal y solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del director de la entidad, Juan Curutchet, por operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas durante 2025. El pedido deberá ser evaluado por la Justicia y no implica que los funcionarios hayan sido detenidos ni que exista una condena en su contra.

La presentación se incorporó a una causa que investiga las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Dalbón sostiene que es necesario determinar cómo se realizaron los contratos, quiénes intervinieron en las decisiones y si hubo un perjuicio para el Estado.

El planteo se apoya en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que registró un resultado negativo de USD 1.023 millones en esas operaciones. A partir de ese dato, el abogado pidió investigar posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Se trata de calificaciones propuestas por el denunciante que deberán ser evaluadas judicialmente.

Qué pidió el abogado

Además de solicitar la detención de los tres funcionarios, Dalbón reclamó medidas para evitar una eventual obstrucción de la investigación. Entre ellas, pidió que se les prohíba salir del país, acceder a determinadas áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía que contienen documentación vinculada con el caso, y comunicarse con posibles testigos.

El letrado argumentó que es necesario preservar contratos, registros de operaciones, actas de directorio, informes técnicos y comunicaciones internas que permitan reconstruir el recorrido de los fondos y conocer las condiciones en las que se realizaron los movimientos financieros.

La presentación quedó a consideración de la Justicia federal, que deberá determinar si corresponde adoptar las medidas solicitadas y qué diligencias de prueba resultan pertinentes.

La controversia por las pérdidas y ganancias del oro

El eje de la disputa está en cómo deben interpretarse los resultados de las operaciones realizadas durante 2025.

Según la información contable citada en la denuncia, los contratos de derivados sobre el oro arrojaron un resultado negativo equivalente a USD 1.023 millones. Sin embargo, el Banco Central defendió la estrategia y sostuvo que esas operaciones tenían como objetivo cubrir las reservas ante posibles movimientos adversos del precio internacional del metal.

La entidad monetaria cuestionó que se evalúen esos contratos de manera aislada y afirmó que, al considerar también la valorización del oro, el resultado neto de la posición fue positivo en USD 2.505 millones durante el ejercicio.

De esta manera, la discusión no se limita al monto de las pérdidas registradas en determinados instrumentos financieros, sino que también abarca la finalidad de las operaciones, los riesgos asumidos y la forma en que debe calcularse su impacto sobre las reservas.

Qué deberá determinar la Justicia

Entre los puntos que Dalbón pretende esclarecer figuran las condiciones de contratación, las contrapartes involucradas, los costos de las operaciones y las decisiones que autorizaron su ejecución. También pidió documentación sobre la administración de las reservas y las comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía.

La controversia se suma a los cuestionamientos por el traslado de lingotes de oro al exterior, una cuestión sobre la que la AGN también desarrolla tareas de auditoría. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había sostenido previamente que los movimientos estaban documentados y registrados.

Por ahora, el pedido de detención constituye una solicitud del denunciante, no una decisión judicial. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades, si hubo un perjuicio patrimonial para el Estado y si corresponde atribuir responsabilidades penales a los funcionarios señalados.

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