Adolfo Sánchez Alegre: “El objetivo no es castigar, sino resocializar al adolescente”

El defensor penal juvenil destacó la necesidad de medidas socioeducativas para evitar la reincidencia y enfatizó el desbordado sistema judicial juvenil ante la creciente cantidad de denuncias.

¿Cómo tomas y vienen trabajando con la cantidad de pintadas y mensajes con amenazas de tiroteos que aparecieron en las escuelas?

Desde el Ministerio de la Defensa intervenimos en algunos casos con motivo de las denuncias que se formularon, por hechos de público conocimiento, no solo en Salta, sino también a lo largo de todo el país. Como defensor penal juvenil, he intervenido en varios casos, y uno de los más recientes fue el de un adolescente de 17 años, quien a través de su celular difundió amenazas. Fue detenido, el viernes pasado, tras un allanamiento. En este caso, solicitamos la libertad del adolescente, el martes de esta semana, con la aplicación de una medida alternativa al proceso, como lo establece el Código Penal, que es la suspensión del juicio a prueba.

¿Cómo se resuelve el caso de este adolescente y qué medidas se le impusieron?

La medida que se le impuso no es pedagógica, sino una solución dentro del marco de un proceso penal. El adolescente tiene ciertas medidas que debe cumplir, como conductas y medidas socioeducativas, no para castigar, sino para resocializarlo. Si el joven cumple con estas medidas durante un año, el juez revisará su comportamiento y podría dar por cerrado el caso sin imponer una pena de prisión.

¿El adolescente tiene que hacer alguna contraprestación por lo que hizo?

Sí, una de las medidas es que el adolescente debe hacer una contraprestación, como la donación de mercadería al lugar donde estuvo detenido. Esta es una forma de reparación por el daño causado, teniendo en cuenta la capacidad económica de la familia. Además, se le pidió que pidiera disculpas a toda la comunidad educativa, pues este incidente afectó a toda la escuela, no solo a una víctima directa.

La fiscal penal juvenil N°2, Carolina Hernández, dijo que el sistema está desbordado porla cantidad de amenazas reportadas…

Hay un efecto contagio: cuando los casos se difunden, otros surgen. En Salta, solo hay dos fiscales y dos defensores penales juveniles para todo el distrito, lo que nos genera mucho trabajo. Más del 80% de los delitos cometidos por adolescentes son defendidos por nosotros, los defensores públicos.

¿Cómo reaccionan ustedes ante la carga de trabajo y las denuncias continuas?

Lo que se hace en casos como este es utilizar medidas alternativas, como la suspensión del juicio a prueba, para evitar que el adolescente pase por un juicio y reciba una pena sancionadora. La finalidad de este sistema penal juvenil no es sancionar, sino rehabilitar y evitar que el adolescente vuelva a cometer delitos, brindándole oportunidades de aprendizaje y resocialización.

¿Es suficiente este tipo de medidas para evitar futuros delitos por parte de adolescentes?

Ojalá sea así. La clave está en la rehabilitación y la educación, no solo en la sanción. Las medidas socioeducativas son fundamentales para garantizar que el adolescente aprenda de sus errores y no repita la conducta delictiva.