Aprueban la suspensión preventiva de jueces y el proyecto vuelve al Senado

La Cámara de Diputados de Salta aprobó la modificación del artículo 12 de la Ley 7.138, que regula el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Ministerio Público. El tema fue uno de los que generó mayores debates ayer. El proyecto, que llegó con media sanción del Senado, incorpora la posibilidad de dictar medidas cautelares, entre ellas la suspensión preventiva de un magistrado antes de la sustanciación formal del proceso, y ahora deberá volver nuevamente la Cámara alta ya que se introdujeron modificaciones..

La nueva redacción establece que, una vez recibida la acusación, el jurado podrá, de manera excepcional y cuando exista gravedad y verosimilitud en los hechos denunciados, suspender al magistrado, allanar su inmunidad y dictar medidas de seguridad. Esa decisión deberá adoptarse con resolución fundada, será irrecurrible y se tomará previa vista por dos días al Procurador General. Además, la norma mantiene el esquema de análisis inicial de la acusación, el derecho de defensa del imputado y la intervención del Ministerio Público.

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la incorporación de sanciones para denunciantes maliciosos, que podrán ser multados con hasta el equivalente a dos meses de sueldo de un juez de primera instancia, medida que también puede alcanzar a sus abogados si se acredita mala fe.

El diputado Juan Pablo Cuellar (Por Salta) defendió la iniciativa y explicó que el objetivo central es evitar que magistrados denunciados por hechos graves continúen en funciones mientras se extienden los plazos del proceso. Señaló que en la práctica esos tiempos suelen dilatarse por distintos mecanismos procesales, lo que puede generar entorpecimientos, como ocultamiento de pruebas o interferencias en la investigación. En ese sentido, sostuvo que la suspensión preventiva tiene carácter cautelar, no implica prejuzgamiento y busca resguardar la transparencia y la legitimidad institucional.

En la misma línea, la diputada Socorro Villamayor (Por Salta) planteó que la reforma responde a situaciones concretas ocurridas en la provincia, donde la normativa vigente no permitió actuar con la celeridad que demandaba la sociedad. Mencionó casos como los de los jueces (Francisco) Oyarzú, (Claudio) Parisi y (Edgardo) Lauranci , y sostuvo que la falta de herramientas para adoptar medidas previas generó demoras y pérdida de confianza en la Justicia. También remarcó que la independencia judicial no implica ausencia de controles, sino la existencia de mecanismos que garanticen idoneidad

El diputado Sergio López (La Libertad Avanza) cuestionó especialmente el agregado introducido en comisión que obliga a dar vista previa al Procurador General antes de dictar la medida cautelar. Explicó que, por su naturaleza, este tipo de medidas debe resolverse sin intervención previa de las partes y advirtió que ese traslado por dos días desnaturaliza el principio de “inaudita parte”. También puso en duda el sentido práctico de esa intervención, al señalar que el dictamen del procurador no es vinculante, y planteó que podría incluso alertar al funcionario investigado. Además, expresó reparos sobre las sanciones a denunciantes, al considerar que pueden desalentar la presentación de denuncias por temor a consecuencias económicas.

El diputado Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular) coincidió en parte con el espíritu del proyecto, pero objetó la redacción vigente en relación a las multas por denuncias falsas. Sostuvo que el jurado de enjuiciamiento no tiene facultades para sancionar a ciudadanos, ya que su competencia se limita a juzgar a magistrados y funcionarios del Ministerio Público. En ese sentido, recordó que la figura de la falsa denuncia ya está prevista en el Código Penal.

El diputado José Gauffín (Partido de la Reconquista), quien votó en contra y cuestionó de fondo la reforma. Señaló que la posibilidad de suspender a un juez antes de la apertura formal del proceso afecta garantías del debido proceso y destacó que, a diferencia del modelo nacional, en Salta se concentran en un mismo órgano las funciones de investigar, suspender y juzgar.

Pese a las objeciones, la iniciativa fue aprobada por mayoría. Votaron en contra los diputados de La Libertad Avanza, junto a Durand Cornejo y Gauffín.