Barrios populares de Salta en alerta: advierten por el cambio de una ley que pondría en riesgo terrenos ocupados

La posible modificación de la Ley 27.453 encendió la alarma en los barrios populares de Salta. Así lo expresó Dina Guaymás, referente del barrio Tinkunaku e integrante de la Mesa de Barrios Populares de Salta Capital, quien advirtió que el cambio normativo podría agravar la situación de miles de familias.

“Nos pone con mucha angustia, con mucha preocupación, porque nos volvería a llevar a la invisibilización”, sostuvo en diálogo con Radio Salta. Según explicó, la ley actual permite avanzar con obras de urbanización y regularización dominial, pero el nuevo escenario podría dejar sin financiamiento esos procesos.

“Este gobierno nos está sacando todo”, agregó, en referencia al freno de programas y fondos que impactan directamente en los barrios.

Qué dice la Ley 27.453

La Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, sancionada en 2018, declara de interés público la integración urbana de los barrios populares registrados en el RENABAP. Facilita la expropiación de tierras, suspende desalojos y promueve el acceso a servicios básicos y títulos de propiedad para residentes de villas y asentamientos. [1, 2, 3, 4]

Obras frenadas y necesidades urgentes

Uno de los principales reclamos está vinculado a la paralización de obras básicas. En el caso del barrio Tinkunaku, Guaymás explicó que el proyecto de cloacas ya estaba planificado, pero quedó detenido.

“Estamos en proceso de regularización, pero el proyecto de cloacas quedó frenado”, indicó. A esto se suma la falta de infraestructura esencial en muchos sectores, donde el acceso a servicios sigue siendo precario.

Según detalló, en Salta capital existen 52 barrios populares, mientras que en toda la provincia son 354. “No solo el cambio climático afecta, sino también la falta de obras estructurales en estos barrios”, señaló.

Temor a desalojos en terrenos privados

Otro de los puntos críticos es la situación de las familias que viven en terrenos privados. Guaymás advirtió que la modificación legal podría facilitar desalojos.

“Quieren modificar la ley para que la parte privada nos desaloje”, explicó. Muchas de estas familias llevan décadas viviendo en esos lugares: “Son terrenos que estamos usando hace 30 o 40 años, eran espacios abandonados”.

En el interior de la provincia ya se registraron casos concretos. “En Santa Rosa ya hubo notificaciones y en Salvador Mazza hay un barrio donde el dueño inició trámites para desalojar”, indicó.

Ingresos bajos y falta de acceso a vivienda

La referente también puso el foco en la situación económica de los vecinos. “Nuestros trabajos son informales, no llegamos a pagar un alquiler”, explicó, y agregó que la falta de políticas habitacionales agrava el problema.

“Tenemos un ingreso bajísimo, entonces no llegamos”, afirmó, al describir una realidad que se repite en gran parte de los barrios populares.

Reclamo por una mesa de trabajo con el Estado

Desde la Mesa de Barrios Populares insisten en la necesidad de abrir un canal de diálogo con autoridades provinciales y municipales. El objetivo es avanzar en soluciones concretas.

“Pedimos que se arme una mesa de trabajo con Provincia y Municipalidad para analizar, evaluar y que escuchen nuestras propuestas”, sostuvo Guaymás.

Según indicó, ya hubo un compromiso de reuniones periódicas con el municipio, pero no se concretaron. “Se cumplió un año y no se logró ese espacio para seguir trabajando”, señaló.

Un escenario abierto y en discusión

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, las organizaciones sociales se mantienen en estado de alerta. A nivel provincial, estiman que más de 120 mil salteños podrían verse afectados por cambios en la normativa.

En ese contexto, los referentes barriales buscan anticiparse. “Queremos estar preparados, con propuestas, para ver cómo seguimos y llegar a una solución”, concluyó Guaymás.