Causa por corrupción en Corrientes: seis allanamientos tras denuncia contra el intendente de Sauce

El análisis preliminar realizado por el personal contable interviniente arrojó que la maniobra investigada tendría como finalidad ocultar un desvío de dinero público por un monto superior a los $150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones). Los procedimientos fueron impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La causa penal se inició en noviembre del año pasado a partir de una denuncia radicada por la concejal María Griselda Zajur contra el Intendente Municipal de Sauce y el Auditor Municipal. La presentación judicial señaló anomalías en los informes de ejecución presupuestaria de los años 2023, 2024 y 2025, además de advertir que empleados de la Municipalidad, del Juzgado de Faltas y funcionarios del ejecutivo municipal figurarían presuntamente como proveedores locales o prestadores de servicios.

En abril del corriente año, la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Curuzú Cuatiá, a cargo de la Dra. Clara Belén Arrúa, delegó las tareas investigativas en los detectives del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la PFA.

Tras realizar tareas de campo con los datos aportados, los efectivos federales identificaron seis inmuebles en la localidad, entre ellos la sede de la Municipalidad y otras dependencias públicas. Con los indicios obtenidos, la fiscalía interviniente, bajo la anuencia del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá (subrogante) a cargo de la Paola Eugenia Ramírez Navarro, autorizó las correspondientes órdenes de allanamiento. Durante los operativos, personal de la PFA, en conjunto con la Superintendencia de Investigaciones Federales y el Departamento Técnico Del Cibercrimen, procedió al secuestro de varias cajas con libros contables y de actas, presupuestos, resoluciones de la Municipalidad de Sauce y diversos recibos firmados referentes a los balances de tesorería y ejecución presupuestaria de los períodos 2023, 2024 y 2025.

Asimismo, se incautaron soportes digitales conteniendo DVDs, un disco rígido, dos pendrives con información de interés, una computadora y seis teléfonos celulares.  Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del magistrado interventor bajo la carátula de “Negocios incompatibles con funciones públicas”, mientras la investigación continúa su curso para determinar el alcance definitivo de las irregularidades detectadas.