Comenzó a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil: cómo se aplicará en Chubut

A partir de este sábado 5 de septiembre, comenzó a aplicarse el nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio nacional que habilita el procesamiento judicial de adolescentes que delinquen, a partir de los 14 años de edad. Antes, la aplicación se daba desde los 16 años edad.

A raíz de ello, en la provincia del Chubut también se darán cambios sustanciales a la hora de avanzar sobre la imputación de menores de edad y se prevé que el estado garantice la plena aplicación del nuevo régimen.

En diálogo con Crónica, el fiscal jefe Cristian Olazábal explicó: “Los códigos procesales tienen establecidos ya los mecanismos como para poder iniciar una investigación contra un menor y cómo es el avance del proceso”. Asimismo, planteó que el cambio se da al ampliarse el espectro de imputabilidad.

Así, detalló: “Hoy por hoy, cualquier menor de edad que ya tenga 14 años y que no hubiera cumplido los 18, por cualquier tipo de delito puede ser sometido a proceso penal. A diferencia de lo que ocurría con la ley anterior, que era entre los 16 y antes de los 18 años, por delitos que tengan una pena privativa de la libertad que supere los 3 años. Y destacó que “ahora, por cualquier delito, por baja lesividad que tenga, es alcanzado por el sistema penal”.

Bajo este contexto, ejemplificó: “Antes teníamos un menor que cometía un daño o resistencia a la autoridad, siempre hablando de un menor imputable, mayor de 16 años, no era alcanzado por el sistema penal. Ahora, con la nueva ley, cualquier menor de edad, mayor de 14 años, va a ser sometido a proceso penal dentro de este Régimen Penal Juvenil Vigente”.

Distintas acciones, dependiendo el tipo de delito

En cuanto al tipo de delito que cometan menores y la gravedad de los mismos, el proceso es diferente, por ello, para delitos que no superen los 3 años de edad, se disponen medidas de tipo socioeducativas, “las penas privativas de la libertad que establece el código obligatoriamente, deben ser transmutadas a lo que nosotros ya teníamos en nuestro Código Procesal, como medida socioeducativa” dijo el fiscal jefe y agregó “pueden consistir en una amonestación formal por parte del juez hacia el menor o en presencia de sus padres, incluirlo en algún programa de educación, que el menor no frecuente determinados lugares, que no se relacione con las personas que quizás fomentaron el entorno conflictivo o pueden ser incluso tareas reparadoras a la sociedad”.

De este modo, refirió que “lo que se busca es la reeducación, que menor internalice el respeto por la ley penal, que tenga una función constructiva, que respete los derechos fundamentales de terceras personas. Esto ya lo tenía nuestro código procesal y era lo que aplicábamos para los mayores de de 16 años y antes de que cumplan los 18”.

En tanto, para delitos que tengan penas que van de 3 a 10 años de prisión, se prevé la posibilidad de modificar la pena de prisión por algunas de las acciones antes mencionada, siempre y cuando, el delito no implique la muerte de alguna persona, no haya sido cometido con grave violencia sobre las personas, no surjan lesiones graves o empleo de armas de fuego.

Asimismo, Olazábal sostuvo que “para delitos que ya impliquen la muerte de personas, que sean de grave intensidad en la violencia, se prevé la pena de prisión, siempre va a ser la última alternativa y el tope que establece la ley es de 15 años de prisión” y detalló “si estuviéramos en presencia de un delito que tiene una pena de prisión perpetua prevista para los adultos, al menor no se le va a poder imponer una pena superior a los 15 años de prisión”.

El COSE y la reorganización de establecimientos de detención

En este marco, el fiscal manifestó que al entrar la ley en vigencia tanto el Ejecutivo como distintas instituciones se encuentran trabajando en el alojamiento de estos menores en la provincia, “nosotros tenemos el Centro de Orientación Socioeducativa (COSE), para alojar a los menores que se encuentran en situación de detención, sea con prisión preventiva o que estén con una pena privativa de la libertad, que deba ser purgada en un lugar diferente a donde se aloja a los adultos” y aseveró “el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad, está avanzando con los lugares de detención momentánea, porque si tenemos un menor de edad de 14 años, que cometió un delito, nosotros como Ministerio Público Fiscal tenemos que hacer el análisis de la legalidad de la detención y llevarlo ante un juez penal para formalizarle los hechos, entonces tiene que tener un lugar donde quedar alojado hasta que llevemos adelante la audiencia de control”, sitio que no debe ser el mismo que el que es utilizado por adultos.

Al mismo tiempo, planteó que “no solamente interviene el Ministerio Público Fiscal que es el que persigue los delitos de acción pública y el juez penal que va a actuar en su rol de control de garantías, sino también la Asesoría de Menores, el Servicio de Protección de Derechos y otros organismos municipales, porque la idea es que el menor internalice la norma penal y tenga una función constructiva para la sociedad”.

Caso testigo

Pese a esta búsqueda de reeducar, Olazábal comentó que también se propone tener mayor énfasis en delitos que son de mucha gravedad como los sucedidos en Comodoro Rivadavia que si bien fueron investigados, por una cuestión de imputabilidad los involucrados no pudieron ser sometidos a proceso, como el caso de Gonzalo Güenchur, “creo que es el caso testigo en el que podemos decir que la ley lo dejaba por afuera de la imputabilidad porque el autor tenía 15 años de edad” recordó y recalcó “hoy por hoy un menor que comete un hecho de esas características, va a tener un proceso penal con el respeto de todas las garantías que le asisten a los adultos y con un especial cuidado porque se trata de un menor de edad, pero va a haber una respuesta estatal que es una pena de prisión”.

“No tenemos un elevado índice de menores en conflicto con la ley”

Consultado sobre la cantidad de menores involucrados en delitos, Olazábal mencionó que “no tenemos un elevado índice de menores en conflicto con la ley penal, hay hechos generalmente de baja lesividad, que son de daño o resistencia  a la autoridad de menores reunidos con amigos, que ante un llamado de atención de la autoridad policial, generalmente se desata un conflicto, quienes eran demorados y recuperaban la libertad porque no se podía formular cargos”.

Además, subrayó que “los hechos que hemos tenido de gravedad son el de Guenchur y hubo un segundo hecho que quedó fuera del marco de la imputabilidad, pero no tenemos una elevada tasa en menores que sean autores, sí hemos visto que muchas veces el entorno familia y los adultos se valen de menores para cometer hechos” y añadió “por ello, contra los adultos hemos tomado la aplicación de lo que prevé el artículo 41 quater que es un agravamiento de la pena cuando en el hecho interviene un menor de edad, porque se supone y lo que se espera es que los menores tengan una formación correcta y que no sea el propio entorno familiar el que lo incite en un camino delictivo”.

 Acercamiento a las escuelas

Respecto a la difusión de información sobre el nuevo régimen, Olazábal planteó que “cuando se sancionó la ley comenzamos a tener acercamientos en las escuelas para que los jóvenes tomen conocimiento que a partir de hoy (sábado), cualquier conflicto que ellos tengan con la ley penal iba a tener una consecuencia, no es que no va a pasar nada como ocurría antes, sino que iban a tener que estar sentados delante de un juez y se les iba a informar el hecho imputado y atravesar un proceso penal” y puntualizó que “·hay distintas instituciones, en particular el Servicio de Protección de Derechos, la Asesoría de Familia y nuestro propio Servicio de Solución Alternativa de Conflicto, que están llevando adelante tareas de información y educación para evitar que se generen conflictos de esta naturaleza”.