Cuando las empresas caen, los trabajadores pagan la cuenta

El transporte urbano de San Salvador de Jujuy está viviendo un cambio histórico. Pero detrás de la nueva licitación, de las empresas que ganaron y de las que quedaron afuera, existe una realidad que no admite eufemismos: cientos de trabajadores siguen esperando certezas mientras quienes condujeron las empresas durante años hoy intentan explicar un presente que ellos mismos ayudaron a construir.

Xibi-Xibi y Unión Bus no son víctimas de esta historia. Son protagonistas. Durante más de una década administraron buena parte del transporte público de la capital jujeña. Tuvieron concesiones, ingresos, estructura y la responsabilidad de prestar un servicio esencial. Hoy ambas atraviesan una profunda crisis, pero las consecuencias no las están pagando sus directivos. Las pagan los trabajadores.

El caso de Unión Bus es, cuanto menos, paradigmático. La empresa intentó presentarse a la licitación pese a encontrarse en concurso preventivo. El solo hecho de haber llegado a esa instancia refleja el nivel de deterioro económico y financiero de una firma que durante años explotó un servicio público. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegó hasta ese punto? ¿Qué decisiones empresariales condujeron a semejante escenario?

Pero si hay un caso que expone una contradicción difícil de explicar es el de Xibi-Xibi.

Colón S.R.L., operadora de Xibi-Xibi e integrante del Grupo Flecha Bus, uno de los grupos empresarios del transporte de pasajeros más grandes de la Argentina, levantó la voz para hablar del futuro de los trabajadores cuando perdió la concesión. Sin embargo, cuando llegó el momento de sentarse en la mesa para coordinar el traspaso del personal hacia las nuevas prestatarias, decidió no asistir a las reuniones convocadas para ese fin.

Y allí aparece el verdadero problema.

Porque resulta difícil no hablar de cinismo cuando una empresa dice preocuparse por los trabajadores, pero se ausenta de la instancia institucional creada precisamente para garantizar la continuidad laboral de esos mismos empleados. Las declaraciones públicas pierden peso cuando no están acompañadas por hechos. Defender a los trabajadores también implica sentarse a negociar su futuro, no solamente brindar conferencias de prensa o cuestionar el resultado de una licitación.

Los choferes, mecánicos, administrativos y el resto del personal no necesitan discursos. Necesitan certezas. Necesitan saber quién los incorporará, cuándo cobrarán, qué ocurrirá con su antigüedad y quién responderá por los derechos adquiridos después de años de servicio.

En demasiadas oportunidades, cuando una empresa entra en crisis, los dueños encuentran caminos para defender sus intereses. Los trabajadores, en cambio, solo tienen su empleo. Son ellos quienes quedan atrapados entre expedientes, recursos administrativos, presentaciones judiciales y disputas empresariales que nunca decidieron.

Esta transición también deja una enseñanza para el futuro. Administrar un servicio público no consiste únicamente en explotar un negocio. Implica asumir responsabilidades permanentes con el Estado, con los usuarios y, sobre todo, con quienes todos los días ponen en marcha el sistema. Cuando esa responsabilidad desaparece, las consecuencias llegan tarde o temprano.

El desafío ahora será de las nuevas prestatarias, que deberán demostrar que pueden brindar un mejor servicio y absorber al personal conforme a las normas vigentes. Pero eso no exonera a quienes durante años estuvieron al frente del sistema.

Porque las concesiones vencen. Las empresas pueden crecer, fusionarse o desaparecer. Lo que no debería desaparecer nunca es la responsabilidad empresaria.

Cuando una empresa pierde una licitación, puede argumentar, recurrir o cuestionar el proceso. Lo que no puede hacer es utilizar a los trabajadores como bandera mientras les da la espalda en el momento en que más la necesitan. Ese contraste no es una percepción. Es el hecho político y empresarial más contundente que deja esta transición del transporte urbano jujeño.

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