Un nuevo avance del desmonte en el norte de Salta encendió las alarmas por sus consecuencias ambientales y sociales. En los últimos dos meses, máquinas arrasaron con más de 3.300 hectáreas de bosque en tres fincas cercanas a Tartagal, una intervención que habría afectado territorios ancestrales y cementerios de diez comunidades indígenas wichí.

La denuncia fue realizada por la organización ambientalista Greenpeace, que advirtió sobre la destrucción de bosques que todavía conservaban un buen estado natural, además del impacto sobre las comunidades que dependen de esos territorios para su subsistencia y preservación cultural.

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de la organización, cuestionó la falta de respuestas frente a la situación y apuntó contra el gobierno provincial de Gustavo Sáenz. La referente calificó lo ocurrido como un “ecocidio” y denunció una presunta complicidad estatal ante el avance de las máquinas sobre los territorios indígenas.

El conflicto vuelve a poner en el centro de la discusión la protección de los bosques nativos y los derechos territoriales de los pueblos originarios. Para las comunidades wichí, estos espacios no solo representan una fuente de recursos naturales, sino también lugares vinculados con su historia, identidad y prácticas culturales. La afectación de cementerios ancestrales agrava las consecuencias de la intervención.

La preocupación por la Ley de Tierras y los bosques nativos

La organización ambientalista también expresó su preocupación por un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme el decreto presidencial que derogó la Ley de Tierras Rurales.

Greenpeace advirtió que los cambios en las regulaciones sobre la propiedad de tierras rurales y una eventual flexibilización de las normas de protección ambiental podrían profundizar los riesgos para los ecosistemas y las comunidades que habitan esos territorios.

En ese contexto, la entidad recordó el compromiso internacional asumido por Argentina en la Cumbre Climática de Glasgow de 2021, que establece el objetivo de detener y revertir la pérdida de bosques para 2030. Según la organización, el ritmo actual de deforestación mantiene al país lejos de alcanzar esa meta.

El caso de las comunidades wichí en Salta vuelve a exponer la tensión entre el avance de las actividades sobre tierras rurales, la conservación de los bosques nativos y el respeto por los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.