Desplazaron a nueve militares de la Armada por una causa que investiga cobros ilegales de $981 millones

La Armada Argentina desplazó de sus funciones a nueve integrantes de la institución involucrados en una supuesta trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de haberes.

La medida fue adoptada por el jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, quien ordenó el relevo de sus destinos de ocho capitanes de corbeta y un suboficial denunciados por percibir cobros indebidos durante diversos períodos.

A través de la instrucción de sumarios disciplinarios internos bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, los involucrados fueron pasados a disponibilidad, figura contemplada en la Ley de Personal Militar que los aparta transitoriamente de sus funciones por un plazo de hasta un año.

Según la información a la que tuvo acceso Crónica, el trámite institucional contempla la posibilidad de disponer la destitución definitiva en caso de confirmarse las irregularidades imputadas.

La investigación se originó tras una denuncia penal radicada por la propia institución ante el Juzgado Federal N° 2, impulsada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio.

El relevamiento interno detectó 645 acreditaciones indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, las cuales alcanzaron un perjuicio económico total de $981.148.567,88.

El mecanismo utilizado consistía en la alteración directa de las planillas de pago remitidas al Banco Nación. Los sospechosos adicionaban montos sin respaldo legal durante la liquidación de más de 24.000 agentes y, una vez ejecutadas las transferencias bancarias, modificaban nuevamente los archivos para restablecer el estado original y evitar que los cobros figuraran en los recibos oficiales.

Mediante un comunicado, la Armada Argentina remarcó el compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y sostuvo que existe “tolerancia cero frente a cualquier irregularidad”, asegurando que se adoptarán las acciones pertinentes para deslindar responsabilidades y dar cumplimiento a la normativa vigente.