Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Municipal de Salta
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Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Municipal de Salta


La Cámara de Diputados aprobó este martes la modificación de la Ley Provincial N° 6534, correspondiente a la Carta Municipal de la ciudad de Salta. Con esta sanción definitiva, ya que el expediente llegaba con media sanción del Senado, el texto queda en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia.

El conflicto legislativo se originó tras el proceso de revisión realizado por la Cámara de Senadores el pasado 30 de octubre. Luego de que una Convención Municipal, con mayoría de representantes de La Libertad Avanza, sancionara el 30 de mayo la primera reforma del texto en casi cuatro décadas, el documento fue remitido a la Legislatura provincial para cumplir con el mecanismo de compatibilización previsto en la Constitución de Salta. Allí, el Senado introdujo 18 modificaciones al articulado original, lo que motivó el rechazo de diversos sectores opositores durante el debate de este martes.

La defensa del oficialismo

La encargada de abrir el debate fue la diputada Frida Fonseca (Bloque por Salta), miembro informante de la Comisión de Legislación General, quien repasó las distintas iniciativas impulsadas desde 2010 para concretar la actualización de la norma y sostuvo que el proyecto no es menor, sino el resultado de un proceso de muchos años.

Fonseca destacó los avances incorporados en la nueva Carta Municipal, entre los que enumeró la consolidación del bienestar animal como política pública, acciones para honrar a los veteranos de Malvinas, la incorporación de un capítulo específico sobre derechos de las personas con discapacidad y el fortalecimiento de la figura del Defensor del Pueblo.

Respecto a los cambios introducidos por la Cámara Alta, la legisladora defendió la legalidad del procedimiento: aseguró que “el Senado nunca niega la autonomía de la Municipalidad” y argumentó que las modificaciones buscan garantizar la coherencia institucional. En ese sentido, explicó que se preservó el sistema vigente para la designación de los jueces de faltas, se dispuso que los informes de control respeten una cadena jerárquica y se suprimió el tope del 1% de la población para el empleo público municipal por considerarlo un parámetro “muy variable”. “El dictamen que envía el Senado ha sido bien estudiado, tiene lógica y lo podemos acompañar”, concluyó.

Las críticas de la oposición

Desde los bloques opositores, las intervenciones apuntaron contra el alcance de las reformas aplicadas por la Legislatura, señalando que excedieron la mera compatibilización constitucional para alterar decisiones de fondo tomadas por los convencionales municipales.

El diputado libertario Franco Lastra calificó la intervención legislativa como un “avasallamiento total” y un “atropello a la voluntad popular”, recordando que los ciudadanos habían otorgado una mayoría a su espacio en la Convención. Lastra enumeró varios puntos suprimidos del texto original, entre ellos la exigencia del título secundario completo como requisito para ser concejal, la regulación sobre el uso de la imagen institucional del municipio y la implementación de concursos públicos para los tribunales de faltas en reemplazo de las designaciones directas.

En la misma línea, sus compañeros de bancada cuestionaron el recorte de herramientas de fiscalización. Eduardo Virgili (LLA) sostuvo que los legisladores oficialistas se tomaron atribuciones que no les correspondían para “conservar sus privilegios”, y criticó puntualmente la eliminación del control concomitante -en tiempo real- sobre las cuentas públicas, así como el reemplazo del concepto de “juridicidad” por el de “legalidad”. Puso como ejemplo el caso del “Fondo de Reparación Histórica” del gobierno de Urtubey.

Por su parte, la diputada Emilia Domínguez (LLA) advirtió que “la compatibilización de la Carta Municipal no significa sustituir la voluntad del convencional constituyente” y atribuyó los cambios a una “conveniencia política”.

José Gauffín, del Bloque Independencia, también fue muy crítico a la actuación de los senadores provinciales, y tras realizar un recorrido histórico sobre las ordenanzas de convocatoria desde 2024, cuestionó la arquitectura de los organismos de control externo. El legislador advirtió sobre la falta de auditoría respecto a los fondos provinciales transferidos al municipio mediante convenios y criticó el funcionamiento del Tribunal de Cuentas municipal y de la Defensoría del Pueblo, señalando que esta última se limita a asesorar vecinos sin accionar frente a eventuales abusos de poder. “Los artículos que quitaron en el Senado son los mismos que habían intentado quitar en el Concejo Deliberante”, afirmó.

Guillermo Durand Cornejo (Bloque Conservador) centró su exposición en lo que describió como una crisis institucional en la provincia derivada de las mayorías automáticas. El diputado vinculó la intervención sobre la Carta Municipal con un esquema de concentración de poder que, según denunció, incluye las reelecciones de autoridades ejecutivas, legislativas y de miembros de la Corte de Justicia, advirtiendo que el avance sobre la autonomía de la capital constituye “un abuso de autoridad” que colisiona con los límites de la Constitución provincial.

Tras el cierre de la lista de oradores, el oficialismo hizo valer su mayoría en el recinto para aprobar el dictamen en general y en particular, dejando la nueva Carta Municipal de Salta a un paso de su promulgación definitiva.

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