El Congreso de Paraguay rechazó la renuncia de Santiago Peña y avanza el juicio político

El Congreso paraguayo rechazó este jueves la renuncia del presidente Santiago Peña y habilitó un juicio político por el colapso del Ueno Bank, impidiendo que obtenga fueros parlamentarios e iniciando formalmente el proceso de destitución en Asunción.

El rechazo a la renuncia y la maniobra parlamentaria

La resolución se produjo luego de una convulsionada jornada en la capital paraguaya, marcada por protestas en las afueras del recinto legislativo y el abandono de la bancada del Partido Colorado para forzar la falta de cuórum. La oposición votó en contra de aceptar la dimisión para evitar que el mandatario adquiriera fueros automáticos como senador vitalicio.

Ante esta situación, el propio jefe de Estado se pronunció a través de sus redes sociales: “Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”, afirmó el mandatario paraguayo.

La decisión parlamentaria dejó sin efecto la dimisión presentada por el mandatario, quien asumió la conducción del Poder Ejecutivo en agosto de 2023. Al respecto, el legislador Raúl Benítez sostuvo durante el debate que “la violencia vino desde las instituciones que no protectedieron a la gente, que no cuidaron la plata de los ahorristas” y enfatizó que “lo que corresponde es que siga el juicio político”. Ante el inminente avance del juzgamiento, Peña aseveró: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”.

Conflicto de intereses y el colapso financiero

El desencadenante de la crisis institucional fue la intervención preventiva del Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank, una entidad que concentraba cerca de tres millones de clientes y administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos.

La investigación penal a cargo del fiscal general Emiliano Rolón Fernández busca esclarecer los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y mal desempeño.

Por su parte, la senadora opositora Yolanda Paredes criticó con dureza a los sectores que pretendían otorgar impunidad al jefe de Estado manifestando que “van a tener que explicar a sus vecinos lo que hicieron”. El Senado evaluará los alegatos de la defensa este viernes para determinar la eventual destitución.

Redactado con información de BBC