El Gobierno de Milei se alinea con una declaración internacional que busca frenar el aborto como derecho

La Argentina se incorporó al Consenso de Ginebra, una declaración internacional impulsada originalmente en 2020 y respaldada actualmente por una coalición de países que promueve políticas centradas en la salud de las mujeres, la protección de la vida y el fortalecimiento de la familia.

La adhesión argentina fue firmada el lunes 10 de agosto por el canciller Pablo Quirno y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El Gobierno comunicó públicamente la decisión días después, en medio de cuestionamientos por el bajo perfil con el que se realizó el anuncio.

Aunque el documento lleva como nombre oficial “Declaración de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de las Mujeres y el Fortalecimiento de la Familia”, uno de sus puntos centrales está vinculado al aborto. La declaración sostiene que el aborto no debe ser promovido como método de planificación familiar y establece que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de financiarlo o facilitarlo.

El texto, sin embargo, también afirma que las decisiones relacionadas con el aborto dentro de los sistemas de salud deben ser determinadas por cada país de acuerdo con sus propios procesos legislativos. Es decir, la declaración no modifica por sí misma la legislación interna de los países que la suscriben.

El Consenso fue firmado originalmente en 2020 por 32 países y, según información de la propia coalición, actualmente cuenta con 41 Estados miembros. Estados Unidos recuperó su participación durante la presidencia de Donald Trump y desde junio de 2026 ocupa la secretaría de la iniciativa.

La incorporación de Argentina se produce en un contexto de fuerte discusión internacional sobre las políticas de salud sexual y reproductiva y sobre el lugar del aborto en los organismos multilaterales.

Desde la Cancillería, Quirno presentó la adhesión como parte del compromiso argentino con la “protección de la vida humana”. La decisión, por sus implicancias en materia de política exterior y derechos reproductivos, generó críticas de sectores que cuestionan que el Gobierno avance en acuerdos internacionales de orientación provida sin un debate público previo.

La adhesión tampoco implica, por sí sola, un cambio automático en las normas argentinas sobre interrupción voluntaria del embarazo, que continúan vigentes dentro del marco legal nacional.