El Gobierno declaran en crisis a cinco obras sociales: cuáles son las afectadas
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El Gobierno declaran en crisis a cinco obras sociales: cuáles son las afectadas


26 de mayo 2026 – 07:49

La Superintendencia de Servicios de Salud intimó a las entidades a presentar en 15 días un programa de regularización tras detectar incumplimientos contables, financieros y prestacionales.

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La Superintendencia detectó irregularidades económicas, fallas en documentación y problemas en la cobertura prestacional.

La Superintendencia de Servicios de Salud explicó que los incumplimientos detectados abarcan distintos aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, económicos y de atención a los afiliados. Entre las observaciones figuran faltas en la presentación de memorias y balances, presupuestos de gastos y recursos, estados financieros y estadísticas de prestaciones médicas.

En el caso de la Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, el organismo también detectó incumplimientos vinculados al Programa Médico Obligatorio, la actualización de autoridades y el padrón de afiliados.

Por su parte, la Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén registró observaciones relacionadas con la cartilla destinada a beneficiarios y documentación vinculada al Programa Médico Obligatorio.

Las resoluciones establecieron que las cinco entidades deberán presentar un “Plan de Contingencia” dentro de un plazo máximo de 15 días desde la notificación oficial. Ese programa deberá incluir metas trimestrales de cumplimiento y acciones concretas para revertir la situación observada.

Además, la Superintendencia de Servicios de Salud facultó a las distintas gerencias que integran el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para monitorear la evolución de cada caso.

El organismo sostuvo que las medidas se adoptaron tras los informes correspondientes al primer trimestre de 2026 y recordó que el régimen vigente prevé mecanismos especiales de control para garantizar la continuidad de las prestaciones a los afiliados mientras las entidades atraviesan el proceso de regularización.

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