El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa compuesta por 133 artículos que busca rediseñar la política estatal frente a las Islas Malvinas y actualizar los instrumentos de protección ante amenazas externas.

Según la información a la que tuvo acceso Crónica, el texto reemplaza el marco legal previo al abarcar el conjunto de los recursos naturales renovables y no renovables, incluyendo pesca, hidrocarburos y minería.

La propuesta extiende la responsabilidad jurídica no solo a los operadores directos de actividades no autorizadas por la Argentina, sino también a socios, inversores, proveedores de logística y estructuras financieras.

Entre las penalizaciones se establecen multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones comerciales y penas de hasta 20 años de prisión.

Sin embargo, la norma introduce el Régimen de Desistimiento y Regularización, un mecanismo que permite a las firmas suspender las acciones penales y administrativas si acreditan el cese de las actividades prohibidas y reconvierten sus inversiones dentro del territorio nacional.

En el aspecto institucional, la ley crea el Sistema de Seguridad Nacional y su respectivo Consejo, presidido por el Presidente e integrado por la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.

Este organismo coordinará de manera unificada las áreas diplomáticas, militares, cibernéticas y económicas frente a un escenario de seguridad nacional que supera los esquemas defensivos tradicionales.

Asimismo, la iniciativa contempla la protección de infraestructuras críticas y otorga al Poder Ejecutivo facultades para adoptar medidas de emergencia ante riesgos inminentes, tales como la restricción temporal de operaciones cambiarias o la aplicación de derechos de importación y exportación de hasta el 75%.

También tipifica como delito las operaciones de inteligencia o campañas de desinformación financiadas por actores extranjeros destinadas a interferir en los procesos electorales o la opinión pública.