El Gobierno ofreció un aumento del 24% a las universidades, pero exigió que retiren la demanda judicial

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo esta semana. En una reunión reservada entre funcionarios y representantes del sistema universitario, el Ejecutivo puso sobre la mesa una propuesta de recomposición presupuestaria y salarial, pero condicionó cualquier acuerdo a que las casas de estudio retiren la demanda judicial que actualmente espera una definición de la Corte Suprema.

La oferta presentada por la administración de Javier Milei contempla una recomposición salarial del 24,3% para docentes universitarios, destinada a compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 2024 y 2026. El esquema prevé un aumento del 21,3% en junio y otro 3% en octubre. Además, incluye la reapertura de negociaciones paritarias cada tres meses.

El Gobierno también propuso un incremento del 50% para las Becas Manuel Belgrano, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo extraordinario de 50.000 millones de pesos destinado a hospitales universitarios.

Sin embargo, el punto que trabó las negociaciones fue la exigencia oficial de que las universidades desistan de la cautelar presentada ante la Justicia. Esa acción judicial reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente, cuya aplicación sigue siendo resistida por el Ejecutivo.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consideraron inaceptable esa condición y sostuvieron que no están dispuestos a renunciar al reclamo judicial mientras la Corte Suprema no se expida sobre el fondo de la cuestión. Los rectores argumentan que retirar la demanda implicaría resignar una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de la ley vigente.

La disputa tiene además un fuerte componente económico. Según estimaciones oficiales, si la Corte falla en favor de las universidades, el Estado nacional podría verse obligado a desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos para cumplir con las actualizaciones salariales, becas y partidas presupuestarias contempladas en la normativa.

Mientras tanto, las negociaciones continúan abiertas. Tanto el Gobierno como los rectores reconocen que existe margen para avanzar en los aspectos económicos, pero el conflicto judicial aparece como el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo definitivo.