El representante de ONU-Hábitat en Latinoamérica destacó el rol del Estado en el acceso a la vivienda: "Sin intervención habrá más exclusión"
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El representante de ONU-Hábitat en Latinoamérica destacó el rol del Estado en el acceso a la vivienda: “Sin intervención habrá más exclusión”

“Si vos dejás eso a las dinámicas del mercado sin intervenir, no te funciona. Al contrario, vas a tener más exclusión

Según Velásquez, “la política pública debe y puede introducir herramientas para acompañar y disminuir las fallas del mercado”.

También planteó que las políticas deben superar los límites administrativos de cada municipio. “Lo apropiado, inteligente y eficiente es mirar el mercado inmobiliario en el contexto del conurbano”, señaló. Según explicó, el transporte, la provisión de agua y energía y la gestión de residuos requieren una mirada metropolitana, porque las dinámicas cotidianas de la población no se detienen en las fronteras municipales.

La dimensión del problema también aparece en los barrios populares porteños. Un relevamiento de Tejido Urbano indicó que el 89% de los hogares presenta al menos una problemática habitacional y el 62% vive en viviendas con materiales deficitarios. A su vez, un informe de organizaciones sociales y organismos públicos advirtió sobre la caída de los recursos destinados a la integración sociourbana en el Presupuesto porteño de 2026.

La vivienda como inversión social

Para Velásquez, la política habitacional debe dejar de considerar la vivienda únicamente como un gasto o la construcción de paredes y techos. “La vivienda tiene una función social. No son solamente paredes y un techo puestos en el territorio. Importa mucho dónde lo pongo, cómo facilito el acceso y la política que lo engloba”, afirmó.

El funcionario sostuvo que mejorar las condiciones de los hogares y los barrios puede tener efectos sobre la seguridad, la salud y la educación. Por ejemplo, la cercanía de espacios públicos favorece la actividad física, mientras que una vivienda segura y con ambientes adecuados puede mejorar las condiciones de estudio de los niños.

“Si vos medís el impacto en todos esos sectores, te das cuenta de que tiene no solamente un impacto en términos de mejoramiento de la calidad de vida, sino que también tiene un impacto en términos financieros”, explicó. Según planteó, esos beneficios pueden traducirse en ahorros para otras áreas de la administración pública.

Al sintetizar los principales desafíos de las ciudades latinoamericanas, Velásquez identificó tres demandas centrales: “inseguridad, movilidad y vivienda”. También destacó la necesidad de desarrollar infraestructura para el cuidado y de reducir los tiempos de traslado mediante sistemas de movilidad integrados.

“Una ciudad o un barrio que ofrece mejores estándares en infraestructura y calidad de vida suele estar correlacionado con mejores situaciones de percepción de seguridad y con menores niveles de crimen y violencia”, argumentó.

Río Negro: vivienda, espacios públicos y gestión de residuos

“El objetivo central es que los territorios que generan la riqueza de un país se puedan beneficiar directamente y más rápidamente de ese progreso”, explicó Velásquez sobre el acuerdo con Fundación YPF. A partir del trabajo con las autoridades locales y las comunidades, identificaron tres áreas prioritarias: vivienda, espacios públicos y manejo y gestión de residuos sólidos.

El representante de ONU-Hábitat aclaró que el organismo no actúa como financiador directo, sino que aporta asistencia técnica para diseñar y estructurar proyectos que puedan recibir inversiones públicas y privadas. “No se trata solamente de sacar el recurso de una cuenta de banco de un fondo y gastar, sino de invertir en proyectos bien diseñados”, señaló. También destacó la importancia de transferir conocimientos a los gobiernos locales para que puedan sostener las iniciativas en el tiempo.

La metodología, agregó, puede replicarse en otros municipios, aunque debe adaptarse a las características de cada territorio. En ese sentido, consideró que Argentina tiene una oportunidad para transformar el aprovechamiento de sus recursos naturales en beneficios concretos para las comunidades donde se desarrolla la actividad productiva.

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